Por si fueran pocos los frentes abiertos con los que se va a encontrar la persona que designe Mariano Rajoy para sustituir a la ministra de Sanidad, Leire Pajín, Andalucía ha decidido añadir uno más. Y no es menor, ni mucho menos. Recién recuperada la cohesión del sistema gracias a las últimas medidas adoptadas por el Ministerio, las subastas son la nueva amenaza para del SNS y como tal, una de las prioridades del nuevo equipo ministerial. ¿Coincidencia o alevosía? Sea como sea, las subastas de María Jesús Montero aparecen en un momento muy poco oportuno. Políticamente nada se puede hacer más que asistir al debate que esta semana se celebra en el Parlamento andaluz y del que lo más esperado será alguna afirmación del PP en relación a si dará marcha atrás a las licitaciones si gana las autonómicas de marzo. A esa posibilidad se agarra el sector farmacéutico para intentar retrasar en lo posible (mediante argucias legales que han quedado muy mermadas por la tramitación vía decreto-ley) la aplicación de esta regulación que, además, ofrece dudas desde muchos puntos de vista.
Legalmente, genera dudas en relación a las bonificaciones, el mercado único y la libre competencia, entre otros. Al exigir a los laboratorios que pujen en las subastas una garantía de abastecimiento para todo el mercado andaluz (algo lógico, por otra parte) se está excluyendo, de hecho, a las compañías pequeñas, incapaces de manejar esas cifras de mercado. Económicamente, tampoco parece buena idea. Es cierto que la administración regional logrará sus ahorros, pero en contrapartida, puede estar dando un golpe de muerte al tejido productivo, así como a la inversión en I+D. No hay más que ver cómo están los ánimos en Farmaindustria. Y, por supuesto, se priva a los pacientes de gran parte de los medicamentos disponibles en otras comunidades autónomas.
Además aunque se destinen los ahorros a otras partidas sociales, la medida puede tener un efecto matador sobre el empleo. Mejor dicho, sobre el desempleo. Dice Montero que esta regulación es “rompedora”. Pocas veces un responsable político había estado tan acertado con una medida de este calibre. La norma rompe el mercado, la cohesión y puede que el delicado equilibrio sobre el que ya está el sector farmacéutico.
