La Orden de Precios de Referencia (OPR), que tanto tiempo llevamos esperando, se va desinflando por momentos. Los 395 millones de ahorros que iba a procurar, según se anunció en febrero, cuando se presentó el primer borrador, se han quedado en poco más de 130 millones en la memoria económica presentada al Consejo de Estado y elaborada el pasado mes de mayo. Una reducción de dos tercios del ahorro esperado que, junto con los retrasos puede tentar a buscar ahorros en otros ámbitos. Y es que, en los últimos meses estamos viendo que dos de las principales iniciativas para ahorrar en medicamentos no terminan de aportar esos ahorros. Nos referimos a la compra centralizada del Ingesa y a esta orden.
El dictamen del Consejo de Estado al proyecto de OPR es durísimo. La crítica se dirige especialmente a la falta de capacidad de regular muchos de los aspectos contenidos en la orden dado que desarrolla una normativa que no aparece en la Ley de Garantías. La culpa, según explica el propio Consejo de Estado, viene del hecho de que la modificación de esta norma por el Real Decreto-ley 16/2012 dejó el artículo 93 en una redacción muy escueta que requería la aprobación de un real decreto de desarrollo. El organismo consultivo reclama su realización en al menos 21 ocasiones a lo largo de su dictamen.
De este modo, y como ya avanzó hace unos días EG, el Gobierno tendrá que aprobar un real decreto que desarrolle algunos aspectos como la competencia para aprobar conjuntos, la garantía de suministro, las innovaciones galénicas o el establecimiento del factor corrector para la fijación del precio de referencia de cada presentación.
El mantenimiento de un umbral mínimo fue reclamado durante el trámite de audiencia por diversas instituciones como el Consejo Económico y Social, la Aemps o comunidades como Navarra, Murcia, Madrid, Galicia o Cataluña, además de las instituciones del sector. Por ese motivo, Sanidad ideó la puesta en marcha del factor corrector donde ahora el Consejo de Estado pone el énfasis sobre la ausencia de base legal.
Con todo esto, se demuestra una vez más, lo erróneo que es legislar por la vía de urgencia y con reales decretos-ley. Ahí está el origen de todos los males y retrasos de la puesta en marcha de los precios de referencia.
