La búsqueda del Pacto sanitario va camino de convertirse en la del Santo Grial, poco más que un mito o una leyenda, si los miembros de la recién creada subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad no tienen visión de futuro. La gran oportunidad de este foro es a la vez su gran peligro: la oportunidad de hablar de lo que se ha hecho hasta ahora puede impedir avances si los diputados continúan hablando del pasado y la herencia recibida.
La subcomisión debe estar vigilante, más allá de la labor que anuncia el grupo parlamentario socialista, porque limitarse a hablar de algo que poco remedio tiene, aun cuando hay quien confía en que es posible introducir nuevos cambios al real decreto-ley, puede terminar por poner una venda en los ojos ante un futuro que está pendiente de firmarse en la cuantía y condiciones finales de la ayuda financiera en condiciones ventajosas (según el Gobierno y el PP) o rescate (para el resto) a la banca española.
La Generalitat catalana ha sido otra vez la primera en dar la voz de alerta de que con el rescate “no se han acabado los recortes”. El esfuerzo de varios miembros del Gobierno, entre ellos la ministra de Sanidad, Ana Mato, de negar esta posibilidad y trasladar un mensaje de tranquilidad a la población ha terminado por chocar frontalmente con la confirmación de Eurostat, que en una nota aseguraba que la ayuda a España se trasladará a la deuda y que los intereses afectarán al déficit del país.
Este mensaje no indica otra cosa más que el escepticismo que pulula en Bruselas sobre la posibilidad de que los bancos españoles puedan afrontar ellos solos, como quiere Mariano Rajoy, el coste de la ayuda europea. De no ser así, el mensaje del Gobierno de Cataluña dejaría de ser una advertencia para convertirse en un nuevo temor para el SNS. Si no se han acabado los recortes, ¿dónde entrará la nueva tijera? La subcomisión debe ser el foro para prevenir, no solo otro rodillo en la Ley de Servicios Básicos, sino un nuevo real decreto-ley contra el sector sanitario.
