En los próximos meses España se juega gran parte de su futuro. El Gobierno de la Nación debe asegurarse de que las administraciones se ajustan a la legalidad y a sus presupuestos y no gastan más de lo permitido. Lo va a tener difícil ya que las autonomías han estado demasiado tiempo acostumbradas a ser autónomas, en exceso. Pero no hay otra opción.
En el ámbito sanitario y farmacéutico pasa algo parecido y, por tanto, la necesidad de una administración central que dirija, coordine y vigile a las administraciones autonómicas es también imprescindible. La actuación del ministerio de Sanidad atando en corto a las autonomías va a ser necesaria en los próximos meses. Un ejemplo de ello es la cuestión de inconstitucionalidad presentada con el objetivo de paralizar las subastas de Andalucía. Un recurso que ha llegado, aunque un poco tarde, para alivio de los diferentes agentes del sector.
Las tentaciones que las diferentes comunidades autónomas van a tener en los próximos tiempos de hacer cosas que bordeen la ley van a incrementarse. Las interpretaciones más o menos imaginativas de las leyes, los encorsetamientos a la libertad de prescripción o las artimañas para retrasar la comercialización efectiva de novedades terapéuticas que ya hoy están a la orden del día se harán aún más evidentes. Y ahí, Sanidad va a tener que emplearse a fondo desde este mismo instante, en primer lugar para impedir inequidades y diferencias en la asistencia en función del lugar de residencia y, en segundo lugar para evitar restricciones en el uso y manejo de recursos sanitarios que invadan competencias centrales ya que, en la práctica suponen la creación de listas positivas y negativas de financiación pública por parte de cada comunidad autónoma.
Nos espera un año muy duro en el que probablemente haya que tomar decisiones radicales y valientes que en otro contexto serían impensables. Es probable que se planteen copagos, tiques moderadores, desfinanciaciones o financiaciones selectivas entre otras cuestiones, pero cualquiera de las medidas que se vaya implantando debería cumplir dos premisas. Por un lado hacerse tras un diálogo con el sector y, por otro, realizarse de manera coordinada para toda España y no por zonas, como ha ocurrido.
