La solicitud de una mayor seguridad jurídica ha sido un clamor en todos los agentes del sector históricamente, pero en los últimos tiempos se ha incrementado. La petición no es nada descabellada si se tiene en cuenta que el sector farmacéutico es, probablemente, uno de los más regulados y con mayor dependencia de las decisiones de las administraciones públicas. No solo en la puesta en marcha de sus actividades sino también a nivel comercial y financiero por la situación de monopsonio público existente en el ámbito de los medicamentos. La creencia en el sector de que será aquello que la administración decida y que las reglas del juego pueden ser cambiadas cuantas ocasiones considere el poder político es una presión que atenaza su actividad.
Esta situación se ha acrecentado en los últimos tiempos con la inusitada utilización de fórmulas legales, como los reales decretos-ley del ejecutivo central o los decretos-ley autonómicos, que hurtan al sector, en primer término la posibilidad de presentar alegaciones y, en última instancia, la capacidad para una actuación en los frentes judiciales más amplia.
Añadido a todo eso, nos encontramos con cuestiones cuya regulación va viendo reducido el rango normativo por las que se tratan. Como en el caso de las resoluciones de precios de referencia, que tal y como han asegurado varios juristas a EG, no tienen la seguridad jurídica necesaria para regular cuestiones tan importantes como las que regula. El Gobierno actual está dando pasos muy importantes en la defensa de los intereses de los administrados frente a la propia administración. Los planes de pago a proveedores o el adelgazamiento de la estructura de gestión de la administración son un ejemplo de ello. Por ese motivo, también es necesario que esa nueva conciencia de servicio llegue a este ámbito tan importante.
Un sector vital como el farmacéutico no puede estar sometido a la posible discrecionalidad en la toma de decisiones ni a la inseguridad jurídica que le da el gobierno a base de decretazos. Por ello, es vital empezar a dar pasos en la corrección de prácticas pasadas que permitan afianzar la estabilidad que un sector que invierte a tan largo plazo requiere para asentarse en nuestro país. Así también se ayuda a la economía.
