Son muchos los expertos que denuncian la falta de seguridad jurídica, cuando no directamente el choque con la legislación existente en el pliego de cláusulas del acuerdo marco de las centrales de compras de productos sanitarios y medicamentos. A pesar de que Farmaindustria no parece plantear demasiados peros a los pliegos publicados, la realidad es que desde compañías individuales o expertos de reconocido prestigio no dudan en confirmar que hay base, y muy sólida, para ir a los tribunales. Puede ser que en el ámbito de los medicamentos se deje pasar la cosa puesto que afecta a muchos productos exclusivos que, una vez que no se ha incluido en el pliego la garantía de pago por el Ministerio de Hacienda, no tengan ningún motivo para presentarse a la central de compras y, por tanto, meterse en líos legales con el Ministerio de Sanidad.
En cualquier caso, no es lógico que una administración libere unos pliegos que no contentan a nadie. Ni en lo administrativo ni en lo clínico. Ni a alguna de las comunidades autónomas que están subidas a ese carro ni a muchos de los colectivos profesionales o de pacientes que se van a ver afectados por sus resultados. La central de compras, especialmente de productos sanitarios y en concreto de tiras diagnósticas tiene enfrente a todos los interesados. Es más, algunas comunidades autónomas podrían estar muy cerca de abandonarla por las importantes repercusiones sanitarias que su aplicación, tal cual está definida implicaría.
Pero es que, si queremos que se nos tome como un país serio, la administración, a pesar de su poder debe ser la mayor garante de la ley. Y en este caso, parece que así no ha sido.
