Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y que la transposición de las Directivas de Farmacovigilancia y Medicamentos Falsos pasan por modificar la Ley de Garantías, el grupo popular ha convertido sus enmiendas al texto en un cajón de sastre donde lo menos trascendente son, precisamente, las propuestas de cambio destinadas a garantizar la trazabilidad y seguridad de los medicamentos.
Que la Ley de Garantías no ofrece claridad suficiente para determinar la capacidad de las comunidades autónomas a la hora de adoptar medidas en materia de política farmacéutica que terminan por poner en tela de juicio la equidad en la prestación farmacéutica, ya sea por la vía de los precios o del catálogo, es algo que ya había puesto de manifiesto el Consejo de Estado. Tampoco se entendía que, habiendo llevado a cabo una modificación enorme de la Ley de Garantías en 2012, el Ministerio no hubiera aprovechado para acotar la legislación en este ámbito.
No se puede decir que incluir cambios de calado en una transposición sea lo más elegante, pero más vale tarde si las nuevas propuestas permiten acabar con una litigiosidad creciente que no beneficia a nadie: ni a las administraciones, ni al sector, pasando por los pacientes.
Seguro que las propuestas no gustarán a todos los que ya ven en la reforma sanitaria un afán centralista por parte del Gobierno. De hecho, si es posible ver algún acercamiento a las enmiendas del PP en este sentido, vienen de UPyD, formación que lidera en solitario la solicitud de devolución de las competencias.
Pero las enmiedas del PP no sólo intentan poner orden en el redil autonómico. También pretenden clarificar aspectos que, tras el suma y sigue de medidas adoptadas, se habían convertido en un quebradero de cabeza para el sector. Algunas sin dudas darán mucho que hablar.
Todo el sector, por ejemplo, está de acuerdo en que genéricos y biosimilares son distintos. El PP no llega a diferenciarlos del todo, y se limita a abogar por un “respeto a las reglas de intercambiabilidad” que no parece suficiente. Quizá lo mejor sería hacer caso a CiU y establecer una regulación específica.
