Como si fuera parte de una historia ya vivida, las políticas sanitarias llevadas a cabo en Andalucía vuelven a poner en jaque a todo el sector farmacéutico. Si desde hace años esta región española era conocida por los máximos dirigentes de multinacionales por las trabas al acceso de innovaciones terapéuticas, ahora lo será mucho más por acabar con los equilibrios que permiten un tejido industrial sólido, creador de empleo de calidad e inversor en investigación y desarrollo, también en Andalucía.
Pero parece que todo eso importa poco a los dirigentes andaluces que han decidido ir a por todas, aunque sea a costa de matar a la gallina de los huevos de oro. La Junta de Andalucía ha sacado a subasta el 43 por ciento de su mercado, que equivale a poco menos del 10 por ciento del total del mercado financiado en España. La tentación para alguna compañía de participar en las subastas puede ser muy apetecible, pero el éxito de la licitación supondría el fin del mercado farmacéutico genérico español y en España.
En primer lugar, las compañías que más sufrirían serían las de origen español. El futuro de Kern Pharma, Cinfa y otras compañías españolas estaría en riesgo muy evidente y con ellas la multitud de puestos de trabajo, ingresos al Estado por impuestos y exportaciones que generan con su actividad.
Las multinacionales tampoco saldrían bien paradas. Los riesgos para ellas son muy elevados y la competencia de pequeñas compañías kamikaze, que no tienen más intención que colocar el pequeño lote que han conseguido de algún productor en apuros, les situaría en una posición delicada. Además de esto, se le suman los visos de ilegalidad de la cuestión y por ello, entendemos los miedos de muchos a presentarse a las subastas y que estén sopesando no hacerlo a riesgo de perder su presencia en Andalucía.
Y es que con las subastas, todos pierden. Las compañías ven cómo el mercado se reduce rápidamente. Los empleados de la industria pierden al ver esfumarse sus puestos de trabajo. El Estado, al reducir ingresos fiscales. Las farmacias pierden, según los cálculos de un análisis de EG, hasta 17.000 euros al año por el fin de los descuentos, y los pacientes pierden por el riesgo, muy probable, de problemas de abastecimiento. Solo gana el SAS y a muy corto plazo.
