A la vista de los precios máximos de licitación que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) prevé aplicar en su acuerdo marco con Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs), parece claro que a día de hoy el ahorro no es algo que pueda interesar a la consejería que dirige María Jesús Montero. En algunos casos el precio máximo establecido por el SAS supera incluso a los precios autorizados para los diferentes medicamentos. Algo nunca visto hasta ahora. Eso hoy. Pero en el momento en que se aprueben los precios de referencia, estos precios máximos de licitación quedarán muy por encima de los de compra habitual.
Por ese motivo, parece claro que a día de hoy el único objetivo que busca la Junta es legitimar los ATE y su concurso. Montero y especialmente el director del Plan Integral de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud, Javier Bautista, parecen más preocupados porque los concursos no queden desiertos que por los ahorros. Pero la realidad es que, aunque los diferentes lotes quedaran cubiertos, eso no daría legitimidad a los ATE puesto que estas equivalencias que no superarían el más mínimo análisis crítico, puesto que no se basan en una evidencia clínica, tal y como han denunciado los médicos. El debate sobre los ATE es doble, al igual que el de las subastas o el de los algoritmos. Por un lado hay aspectos jurídicos y competenciales que resolver y, por otro, graves repercusiones sanitarias por evaluar.
Solucionar tanto uno como otro aspecto está en manos del Ministerio de Sanidad. Es cierto que hasta que no haya un procedimiento administrativo que ponga negro sobre blanco ese invento de las ATE, que la propia consejería de Salud andaluza reconoce no ajustarse a ningún término administrativo, la vía jurisdiccional no se abre. Pero ya va siendo hora de que el Ministerio de Sanidad, y especialmente Pilar Farjas, de quien depende la Agencia Española de Medicamentos (Aemps), dé un poco de luz en este asunto y hable.
Es hora de que Sanidad ponga freno a la incertidumbre del sector, que no sabe cuál es la posición de la Aemps, ni si las enmiendas antisubastas y antieuros por receta a la Ley de Garantías, serán suficientes para frenar esta escalada de despropósitos legales y sanitarios que son los ATE.
