Los farmacéuticos están a la espera de conocer a los nuevos interlocutores con los que abordar estos asuntos
El colectivo quiere evitar que medidas que rompen la cohesión del sistema se extiendan a otras comunidades
i. F./ I. G.
Madrid
Poco más de un mes después de las elecciones del pasado 22 de mayo, los farmacéuticos de algunas de las comunidades donde se celebraron comicios autonómicos viven con la incógnita de saber quiénes serán sus interlocutores en esta nueva legislatura. Como consecuencia, muchos asuntos concernientes a las oficinas de farmacia siguen en stand by ante los posibles cambios de gobierno. A la espera de que se concreten todos los consejeros de Sanidad, los boticarios tienen claro cuáles deberían ser los primeros temas a tratar con las autoridades sanitarias. Casi todos coinciden en el desarrollo de la receta electrónica, la resolución de impagos y el freno a las políticas autonómicas de prescripción y dispensación que rompen la cohesión.
Así, en Castilla-La Mancha, la modificación del decreto de horarios, guaridas y vacaciones, la concreción del proyecto de receta electrónica y la definición sobre el suministro de medicamentos a centros sociosanitarios constituyen los puntos a resolver. Con el anterior gobierno, los colegios intentaron acordar que fueran las farmacias más cercanas las que suministraran a residencias, pero el tema no se resolvió porque la Comisión Nacional de Competencia actuó. “La opción es hacer una legislación de suministro directamente, a ver qué piensa el nuevo equipo”, dijo Julián Creis, presidente en funciones del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Cofcam).
Además, los boticarios castellano-manchegos tienen como objetivo establecer un programa de ayuda a polimedicados. Respecto al borrado de marcas, según Creis, transmitirán al nuevo gobierno su preocupación sobre este asunto y no lo abandonarán.
La implantación de la receta electrónica tampoco está resuelta en la comunidad asturiana. Los farmacéuticos de esta autonomía tendrán que valorar con la nueva administración la implantación de la e-receta, porque se encuentra pendiente todavía de pilotaje, así como la ampliación de programas en las oficinas de farmacia, como el de la metadona.
Los farmacéuticos canarios, por su parte, pretenden hacer de la receta electrónica un instrumento para acceder al historial farmacoterapéutico. “Esto permitiría ser eficiente en la prescripción y dispensación. Ser barato no es ahorrar dinero, el ser eficiente sí”, argumentó el presidente del colegio tinerfeño, Guillermo Schwartz. A su vez, los boticarios de las islas pretenden elevar y dar más peso al colectivo a través de la próxima constitución del consejo autonómico.
En Extremadura los programas en torno a la e-receta también han quedado en el tintero. Con el cambio de gobierno, el lanzamiento del proyecto piloto de inclusión de los medicamentos “sin receta” al historial del paciente se encuentra paralizado. Un proyecto en el que el papel del farmacéutico en la dispensación de estos medicamentos es clave, al poder acceder al historial farmacoterapéutico.
Procesos judiciales
Mientras, en otras comunidades, como Cantabria, los procesos judiciales se acumulan. La presidenta de los farmacéuticos cántabros, Marta Fernández, tiene claro que solicitará una entrevista con María José Sáenz de Buruaga, nueva consejera de Sanidad de la región, en cuanto sea posible. Y es que, el colegio acaba de recurrir la salida de dos medicamentos (febuxostat DCI y pitavastatina DCI) del canal farmacia para su dispensación exclusiva en el hospital, así como el cambio de categoría de las medias de comprensión fuerte que, ahora, requieren de una autorización previa de la inspección para su dispensación. “También tenemos un recurso anterior por la salida de unos medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH) anticancerosos y de fertilidad que intentaremos reconducir”, afirmó Fernández.
Por su parte, el gobierno murciano tendrá que hacer frente durante esta legislatura a la deuda de más de 200 millones de euros que ha contraído con las entidades bancarias por no poder pagar la factura a las oficinas de farmacia durante seis meses. Una cuantía que deberá devolver a los bancos en un periodo máximo de 24 meses y que no ascenderá siempre y cuando retome el pago con normalidad en octubre. Hasta ahora, más de 500 titulares de farmacia de la región, de las 561 boticas murcianas, habían conseguido las pólizas al cierre de esta edición, convirtiéndose en avalistas del Sistema Murciano de Salud (SMS).
Dada la situación actual de las arcas públicas, el retraso en los pagos puede convertirse en una práctica más que extendida. Los farmacéuticos esperan que no se produzcan casos similares a los de Valencia, Baleares o Murcia. Independientemente de todos estos aspectos, la mayoría de colegios coincide en una necesidad: que los nuevos gobiernos actúen con respeto al marco legal y no extiendan a sus territorios medidas como la subasta de fármacos o el catálogo priorizado de medicamentos.
