La inminente aprobación por parte del Consejo de Ministros (probablemente este próximo viernes) del proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales ha provocado la reacción de los afectados por el mismo. Así, desde Unión Profesional asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas y a la que está adscrita el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, se mostró malestar ante la posibilidad de que en el texto definitivo no se hayan realizado modificaciones, que consideran “esenciales para la protección de los derechos de los usuarios y consumidores de los servicios profesionales”, al anteproyecto presentado el 20 de diciembre de 2013.
A este respecto, el presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, manifestó que “la Ley de Servicios y Colegios Profesionales no debe afectar a la garantía institucional que, en beneficio de los ciudadanos, recoge la Constitución Española”, al tiempo que precisó que “en la sociedad en que vivimos, el Gobierno no debe hacer una norma sin contar adecuadamente con el sector”.
Sobre este particular, uno de los aspectos con los que Carnicer se mostró más crítico fue con el hecho de que los colegios profesionales no puedan exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación “comunicación ni habilitación alguna”, es decir, que no sería necesario la colegiación en el colegio donde resida el domicilio habitual del profesional. Para Carnicer, la libre elección de colegio “conllevaría un perjuicio para los derechos de los usuarios, especialmente en los actos asistenciales y directos, ya que no se podría llevar a cabo el control deontológico efectivo por parte de los colegios profesionales”.
Otros aspectos controvertidos
Asimismo, y aunque desde Unión Profesional se precisa que se incluyen aspectos positivos, como el tratamiento favorable para desempleados (lo que ya existe en algunos colegios profesionales) y la tipificación del ejercicio de profesión irregular como infracción, en general, se echan en falta otros elementos de significativo impacto en los derechos de la ciudadanía. Entre ellos, desde esta asociación se incide en la necesidad de mantener la colegiación obligatoria (más allá de aquellas cuyo ejercicio afecte a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente, algo que sí recoge el texto que irá a Consejo de Ministros).
De igual modo, señalan que “a pesar de haberse ‘suavizado’, como recogen los medios, continúa existiendo en el texto una inadecuada injerencia de la Administración Pública en el funcionamiento de los colegios profesionales, lo que podría impedir el ejercicio de sus funciones públicas con la independencia y autonomía ahora existente”. Igualmente, consideran que fijar en 240 euros anuales el importe máximo de la cuota colegial, así como otros aspectos relativos al régimen de cuotas como el que no se pueda exigir el pago de contraprestaciones económicas distintas a las relativas a la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial, supone “una manifiesta injerencia en la autonomía colegial”.
