y las presunciones

Nadie tiene la verdad absoluta, pero resulta paradójico el cariz que ha tomado el ‘caso Varivax’, asunto que traspasa ya las fronteras de la discusión sobre la obligatoriedad en la vacunación de varicela. La decisión de la Comisión de Salud Pública de relegar a uso hospitalario la vacuna de la varicela que comercializa en España Sanofi Pasteur-MSD supone una nueva vuelta de tuerca a un asunto sobre el que conviene echar la vista atrás y, cómo no, también hacia adelante.

Recapitulemos. La vacunación contra la varicela se realizaba de forma sistemática solo en Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla (incluida para menores de dos años desde 2006 en el calendario de vacunación infantil). En el resto de las comunidades solo se incluía a partir de los doce años para los adolescentes que no habían sido vacunados y que no habían pasado la enfermedad. Aquí está la clave del asunto: la vacuna estaba disponible en las farmacias con lo que, bajo prescripción pediátrica (a los que se debe reconocer la presunción de responsabilidad), los padres (a los que nos deben reconocer la presunción de responsabilidad) podían comprar la vacuna para sus hijos. Un ejercicio de libertad avalado por las sociedades científicas (a las que se debe reconocer la presunción de responsabilidad).

Sin embargo, desde julio de 2013, cuando la Aemps (a la que se debe reconocer su presunción de responsabilidad) decidió no liberar lotes de la vacuna y, por tanto desabastecer a las farmacias de ella, todo ha dado un vuelco. Con la entrada en vigor del calendario de vacunación único (enero de 2014) Madrid dejó de financiarla. En Navarra, Ceuta y Melilla se siguió suministrando en las boticas. Se empezaron a dar casos de turismo farmacéutico y compras por Internet. En junio se cerró el grifo a las farmacias de Navarra, que, como la aldea de Astérix y Obélix, se convirtió en el último reducto donde se podía adquirir la vacuna…

Todo esto… ¿Para qué? Siempre habrá argumentos, sanitarios o no, a favor y en contra. Eso sí, cuando desde el Gobierno, a través del ministerio que dirige Ana Mato, del que depende la Aemps, se impulsa, por ejemplo, un acuerdo marco de colaboración con los boticarios (a los que se les debe reconocer la presunción de responsabilidad) con el que, entre otras cosas, se pretende la “participación activa de la farmacia comunitaria en las políticas de salud pública, en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad”… ¿Se confía en los farmacéuticos? Si no es así… Gran problema.

Christiane Amanpour: “Objectivity doesn’t mean treating all sides equally. It means giving each side a hearing” (“La objetividad no es tratar a todos por igual. Significa dar audiencia a cada parte”).

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