Los nuevos estatutos del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) encaran la etapa final. La asesoría jurídica está estudiando el texto elaborado por la comisión y a finales de diciembre la Junta Directiva convocará a la Asamblea de Compromisarios para su votación. La vicepresidenta, Ana Sánchez Atrio, explica los detalles del documento.
P. ¿En qué fase se encuentran los nuevos estatutos?
R. Los está estudiando nuestra asesoría jurídica. Una vez que esté listo el borrador, los colegiados tendrán un mes para presentar sus alegaciones, que posteriormente serán analizadas por este departamento para su inclusión en el texto que se vaya a votar. De esta forma creemos que a finales de año estaremos en condiciones de convocar a la Asamblea de Compromisarios.
P. ¿Qué objetivo persiguen con el nuevo texto?
R. Los estatutos necesitan una renovación para adecuarlos a la ley y una modernización, vista la experiencia de los últimos años. Necesitamos un colegio menos presidencialista, más abierto y participativo. El presidente debe ser ‘primus inter pares’, igual al resto de la Junta Directiva para que no pueda paralizarse el funcionamiento de la institución. Se modifica la composición de la Junta Directiva, con dos vicepresidencias y nuevas vocalías, y como figura totalmente novedosa, aparece un representante de todas las candidaturas presentadas que hayan alcanzado al menos el 15 por ciento de los votos, y que tendrá voz, pero no voto. Estamos seguros de que con esta medida fomentará la transparencia.
P. ¿Por qué han propuesto sustituir la Asamblea de Compromisarios por una general?
R. Perseguimos un colegio más democrático en su funcionamiento. Creemos que aquellas cuestiones importantes deben estar abiertas a todos los colegiados y que puedan aprobarse con el máximo respaldo. Debemos hacer lo posible porque se involucren todos.
P. ¿Cuáles son los fines de la comisión de control que han previsto en el borrador de los nuevos estatutos?
R. Queremos que exista un control sobre los acuerdos económicos y sociales que pueda firmar el colegio. Debemos vigilar los contratos externos, como, por ejemplo, la incorporación de asesores. Ciertos sectores se han quejado de esta iniciativa, pero no entendemos por qué. Sus miembros serán elegidos entre todos los colegiados por insaculación. Creemos que esta forma de elección es la más transparente.
P. También han planteado novedades en la Comisión Deontológica.
R. Queremos que las sociedades científicas participen en la selección de los miembros de la Comisión Deontológica junto a las vocalías del colegio y que su designación no dependa exclusivamente de la junta directiva al comienzo de cada legislatura.
P. La Junta Directiva asumió el compromiso de dimitir una vez que finalizara el desarrollo de los nuevos estatutos, ¿renunciarán a sus cargos si la Asamblea rechaza el texto?
R. Convocaremos elecciones en cualquier caso: tanto si los compromisarios votan a favor como si votan en contra presentaremos nuestra renuncia cuando haya concluido el proceso.
P. ¿Cómo afecta el retraso de Ley de Servicios y Colegios Profesionales?
R. Estamos esperando que salga la ley, pero la comisión de estatutos, en la que he participado, junto a los miembros de las candidaturas, ha trabajado con los diferentes borradores publicados. La ley es positiva en muchos aspectos pero hay otros que deberían pulirse.
P. Uno de los aspectos que más polémica ha generado es la incompatibilidad de los cargos, ¿qué opinión le merece?
R. Estamos de acuerdo con las incompatibilidades. Creemos que un miembro del consejo de administración de una empresa o de un sindicato no pueden compaginar el cargo con la junta directiva de un colegio profesional.En muchas situaciones pueden existir conflictos de intereses.
P. Otro aspecto que ha generado discrepancias es la libertad para elegir el lugar de colegiación.
R. Me parece lógico que un médico que vive en una localidad limítrofe pueda escoger el colegio que más le convenga en función de la cercanía, o que acuda al colegio que más le interese.
P. ¿Y qué opina sobre el límite de 240 euros mensuales de cuota que establece el borrador del anteproyecto de colegios profesionales?
R. Como colegiada y como directiva de un colegio profesional estoy de acuerdo con este límite. Creo que se pueden hacer muchas cosas con esta cantidad. Los colegios deben fomentar la cooperación y la creatividad a la hora de la gestión y prestaciones que se puedan dar. Nosotros hemos firmado recientemente un convenio con el colegio de abogados para colaborar en cuestiones de mediación. Este acuerdo ha sido muy criticado, pero estábamos obligados por ley a cumplir con esta función.
P. ¿Cómo se encuentran las denuncias de la Junta Directiva contra la presidenta, Sonia López Arribas?
R. Personalmente he decidido dejar en manos de los abogados esos temas, porque si no, yo no podría concentrarme en los programas que estamos desarrollando. Hay dos procesos en los que la presidenta está imputada y aún no ha justificado sus gastos.
P. ¿Cómo valora la decisión de la Asamblea de la OMC de archivar los expedientes contra usted y contra el secretario, Emilio Villa, y de apercibir a López Arribas?
R. Han sido seis meses complicados y angustiosos. No sabíamos qué cargos había contra nosotros, siendo la propuesta de Rosa Pérez inhabilitación profesional temporal. Tampoco hemos tenido las mismas oportunidades de defensa que la presidenta. Se nos negó el derecho de audiencia a las Asambleas que incluían nuestro expediente en el orden del día, sólo por el hecho de no ser presidente, según estipulan los estatutos de la OMC. En cambio López Arribas incluso leía su opiniones y defensa personal en asambleas. Tampoco es fácil comprender por qué se había desatendido completamente el informe de la Comisión Central de Deontología que dejaba muy claro el hecho que no había nada punible en nuestra actuación. En nuestra opinión, la OMC debería revisar estas cuestiones en sus estatutos. Afortunadamente, la verdad ha salido adelante.
Debemos vigilar los contratos externos, como la incorporación de asesores”
Hay dos procesos en los que la presidenta está imputada y aún no ha justificado sus gastos”
