La competencia debe asegurar la existencia de una dosis razonable de competencia en el mercado
Esta semana, la Comisión Nacional de la Competencia ha difundido dos noticias relevantes en relación con la aplicación de las normas de defensa de la competencia en el sector farmacéutico. Por un lado, el comisario Joaquín Almunia anuncia la posibilidad de más expedientes contra compañías que demoren la aparición de medicamentos genéricos en el mercado mediante pactos anti-competitivos. Los acuerdos llamados “pay-for-delay” están siendo investigados en Estados Unidos y en Europa con gran minuciosidad, especialmente desde que la Comisión llevó a cabo su estudio sectorial en el año 2009. Por otro lado, la autoridad francesa de la competencia ha iniciado su propio estudio sectorial. Se ha dicho que en Francia se centrarán en la distribución, pero cuando uno repasa los objetivos que pretenden abordarse queda claro que el proyecto tiene mayor envergadura. Las autoridades del país vecino quieren analizar el conjunto de la cadena, incluyendo laboratorios, mayoristas y oficinas de farmacia; y revisar si se puede favorecer un aumento de la competencia. En nuestro entorno económico nadie duda de los beneficios que resultan de la existencia de libre competencia. Quedan lejos los tiempos en los que las actividades económicas giraban en torno a ventajas monopolísticas concedidas desde el Estado, y actualmente parece difícil no sumarse a quienes defienden la necesidad de avanzar en medidas que protejan e impulsen la competencia.
No seré yo quien hable en contra del fomento de la competencia, pero el momento en que nos encontramos exige una reflexión. El derecho de la competencia, y en general la adopción de medidas de fomento de la misma deben tener como objetivo principal el asegurar la existencia de una dosis razonable de competencia en el mercado. No se trata únicamente de reducir precios, ni se puede abogar por medidas cortoplacistas enarbolando sin más la bandera de la competencia. La consejería de Salud de Andalucía puede tener razón cuando señala que sus subastas fomentan la competencia y que de este modo se pueden obtener ahorros de 40 millones de euros. No discutiré las cifras, pero sí el concepto. La selección de unos pocos proveedores para que suministren productos durante un plazo de dos años, de entrada, supone una congelación de precios durante este periodo, de modo que es la propia consejería la que anula la competencia. Además, si el efecto de la subasta se combina con una reducción del precio del producto a nivel nacional y con la traslación de esta rebaja a otros productos a través de las agrupaciones homogéneas, lo que va a suceder, con seguridad, es que algunos operadores se verán obligados a abandonar el mercado, lo que equivale a una reducción de la oferta o, lo que es lo mismo, una reducción de la competencia. Es más que posible que quien presente ofertas de derribo en Andalucía tenga interés por hacerse con ese mercado durante dos años pero no tenga ni interés ni capacidad para extender sus propuestas al resto del mercado nacional, y si ello es así aflorarán problemas de abastecimiento con el consiguiente perjuicio para los pacientes. En definitiva, cuando se trata de fomentar la competencia hay que ser muy cuidadoso, no vaya a ser que a base de estas medidas lo que se produzca es precisamente el efecto inverso.
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