Es frecuente que nos topemos con normas difíciles de entender, con frases que admiten múltiples interpretaciones
Hace unos días, y bajo el título “Perdone, pero no le entiendo”, un diario de gran circulación en Barcelona abría un interesante tema de debate. La tecnología actual, decía el titular, permite un nivel de comunicación nunca visto en la Historia; y aún así padecemos grandes focos de incomunicación que se pueden atribuir a mala praxis profesional, jergas, argots técnicos y herméticos. Como pueden suponer todos aquellos que están leyendo estas líneas, los juristas nos llevamos buena parte de las críticas al respecto, destacando que, según parece, los ciudadanos confían en el rigor y calidad profesional de nuestro trabajo, pero que, también, en muchas ocasiones, estos mismos ciudadanos tienen dificultad para entendernos.
A este respecto, cabe destacar que con el fin de intentar mejorar esta cuestión, el Ministerio de Justicia lanzó hace un tiempo un proyecto que concluyó con la presentación de un Informe de la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico. Este documento, que está disponible en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) y su consulta es muy recomendable.
Tengo que decir que desde siempre me ha preocupado que los destinatarios de los documentos que redactamos los abogados en nuestra práctica diaria tengan que hacer el esfuerzo justo para entenderlos. El contenido de un contrato, un informe jurídico o una demanda puede incluir una cierta dosis de creatividad, pero he de reconocer que, en general, no se trata de documentos que uno disfrute leyendo. Por ello, pienso que conviene y es muy recomendable que el autor se esfuerce para aportar claridad y facilitar la lectura.
Esto, que vale para los profesionales del Derecho, debería valer también, de hecho en mayor medida, para todos aquellos que, en el seno de las administraciones públicas, se dedican a redactar normas jurídicas. A todos aquellos quienes legislan, a los que, de hecho, hay que exigirles coherencia en el discurso, pero también, y muy especialmente, en el fondo.
Sobre este particular, pienso que deben ustedes fijarse que en abril de 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012. El Gobierno recurría a esta figura amparándose en la existencia de una situación de extrema urgencia que obligaba a adoptar medidas de forma inmediata para garantizar la sostenibilidad del sistema. Al amparo de esta idea, se introducen en la norma algunos artículos que requieren desarrollo reglamentario para su aplicación. Eso sí, transcurridos más de siete meses, estos reglamentos todavía no han sido aprobados. En nuestro derecho farmacéutico actual hay pocas incoherencias mayores que esta.
En cuanto al contenido del lenguaje utilizado, actualmente es muy frecuente que nos topemos con normas difíciles de entender, con frases que admiten múltiples interpretaciones, con artículos que contienen referencias a otros con poco sentido. Incluso con conceptos que se crean de forma artificial parta dar cobertura a determinadas situaciones estirando el vocabulario y la gramática de forma inaceptable. Un buen ejemplo lo tenemos en la reciente regulación de la prestación ortoprotésica. Quien intente traducirla al inglés sabe a lo que me refiero.
En estos días, en que se trabaja en la modificación de la Ley de Garantías y en un nuevo real decreto sobre financiación y precio de los medicamentos, la lectura del Informe de la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico es, más que aconsejable, imprescindible.
@FausJordi en Twitter
