Jordi Faus es abogado y socio de Faus & Moliner
En una situación como la actual, de restricciones presupuestarias en el sector público, entra dentro de lo previsible que los números de las empresas que tienen a las administraciones como su principal cliente se resientan. Y, como consecuencia de ello, también entra dentro de lo previsible que no pocos proyectos de inversión queden en suspenso, que se hagan esfuerzos para contener el gasto y, en definitiva, que se tomen medidas empresariales pensando en las variables económicas básicas. En el caso del sector farmacéutico, y en el caso de España, resulta que a la sombra de la crisis económica se está generando una crisis jurídica. ¿Cuál de las dos es mas grave? Tal vez sea por deformación profesional, pero me decido por lo de la crisis jurídica, algo que me parece gravísimo, porque no puedo dejar de pensar que el respeto a los principios fundamentales del Estado de derecho debería ser innegociable. Miren, cuando el Estado, con mayúsculas, decide subir los tipos del IRPF, o reducir el precio que está dispuesto a pagar por los medicamentos, podrá gustar más o menos, pero si la medida en cuestión se adopta respetando las reglas del juego los ciudadanos, las empresas no tendrán más remedio que aceptarlo.
Cuando las medidas que se adoptan son poco más que artimañas para sortear la legalidad la primera pregunta que surge es si existe la obligación de soportarlas, y cuando la respuesta es que no, el sentimiento suele ser de indignación y, lo que es más importante, pérdida de la confianza que tanta falta hace precisamente en estos momentos. Lo hemos visto con el cataloguiño puesto en marcha en Galicia. Lo seguimos viendo en autonomías donde comités de supuestos expertos se dedican a emitir dictámenes paralelos acerca de la eficacia de los medicamentos que han sido ya evaluados por la Agencia Española del Medicamento (Aemps) o por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), dictámenes que luego la Administración utiliza para adoptar decisiones, frecuentemente poco transparentes, en relación con la prescripción o dispensación del producto en cuestión. Lo estamos viendo cuando un funcionario de tercer nivel remite cartas diciendo a los farmacéuticos que las recetas de ciertos productos no van a ser financiadas porque se ha decidido que en su territorio el medicamento en cuestión sea dispensado solamente en los centros hospitalarios. Los tribunales empiezan a dar la razón a quienes recurren contra estas actuaciones manifiestamente ilegales, incluso algunas administraciones han llegado a corregir sus actos de oficio tras presentar el oportuno requerimiento o recurso. Alguien podrá pensar que ello es positivo, síntoma de que el sistema funciona. Es verdad, el sistema suele acabar funcionando, pero en el camino se ha perdido un tiempo precioso, se ha tenido que invertir un dinero que podría dedicarse a usos mejores, y sobre todo se ha generado desconfianza.
De todo esto ya hemos hablado unas cuantas veces en esta columna, y aún así creo que hay que seguir insistiendo en ello. El sector público tiene que optimizar los recursos de que dispone, y las empresas también, de modo que si pueden dedicarlos a fines distintos que litigar para conseguir algo tan sencillo como es que la Administración cumpla las leyes, pues mejor que mejor. La semana que viene les hablaré de otro tema candente en la situación actual, que también es preocupante: la necesidad de impulsar, desde las administraciones, iniciativas empresariales legítimas.
