Una mayor transparencia, además de dificultar comportamientos irregulares, beneficia a todos
Toca hablar de transparencia, está más claro que nunca. Hace unos días, el profesor Josep Maria Vallés, que había sido consejero de Justicia de la Generalitat en el gobierno de Pasqual Maragall, daba su visión acerca de la actual desafección de los ciudadanos por la política en una entrevista televisada. La cuestión es preocupante, porque como bien decía Vallés, la política con mayúsculas es la única vía para gestionar la convivencia en una sociedad plural que desea vivir en libertad y democráticamente. Otro profesor de la UAB, mi buen amigo Quim Brugué, lo explica muy bien en su libro Es la política, idiotes! ¿Por qué les cuento esto? Porque en la entrevista Vallés explicaba que la falta de transparencia no solo afecta a la vida política, sino también a las actuaciones administrativas, y que la regeneración que necesariamente debe producirse tiene que ir más allá de las leyes y descender hasta el terreno de la práctica cotidiana, de la actividad diaria de los funcionarios. Resulta que para ilustrar su razonamiento, Vallés puso como ejemplo una supuesta actuación reciente del Ministerio de Sanidad. Según explicó, hace unos días una organización de consumidores pidió al ministerio un listado de los medicamentos que habían sido desfinanciados y respecto de los cuales se había comunicado y aceptado un aumento de precio. Siempre según Vallés, el ministerio habría contestado que no podía dar esta información por tratarse de información confidencial.
La ley no dice que estas informaciones sea confidenciales, y no dejo de preguntarme qué tendrá de confidencial un dato que es público, que cualquiera puede contrastar cuando acude a una farmacia a comprar un producto. También me pregunto cómo se gestó el proceso de decisión que llevó al funcionario de turno a tomar esta decisión, quién y cómo interpretó la norma hasta negar a la organización de consumidores el listado que había. Mientras me asaltan dudas al respecto, constato que los efectos de esta decisión son negativos para la administración y la industria. El mensaje que ha trasladado la organización de consumidores, y del cual Vallés se hacía eco en su entrevista, es que la industria farmacéutica toma medidas envueltas de oscurantismo y que aprovecha la coyuntura para subir los precios de los medicamentos en perjuicio de los consumidores. Quienes a la vista de esta actuación administrativa centran su discurso en la falta de transparencia, dejan de lado que en nuestro sistema económico, social y político no tiene sentido que el Gobierno le diga a los laboratorios a qué precio tienen que vender los medicamentos que no están financiados por el seguro. En mi opinión, que los medicamentos no financiados no tengan su precio intervenido no debería ser noticia de portada, y que se produzca un aumento de precio puede justificarse por muchas razones. Basta con recordar que en España, históricamente, una vez se autorizaba un precio de un medicamento, era prácticamente imposible ajustarlo siquiera al aumento del IPC.
La decisión del funcionario que negó a la organización de consumidores la información que pedía alegando la confidencialidad de la misma, crea distorsiones en los mensajes. Por ello estoy convencido que una mayor transparencia, además de dificultar comportamientos irregulares, beneficia a todos: industria y administración.
@FausJordi en Twitter
