Nos vamos de vacaciones con las subastas suspendidas pero con la perspectiva de que se pueden reactivar en otoño
Menuda semana ha tenido el Tribunal Constitucional. Después de dictar auto levantando la suspensión de las subastas andaluzas, ha debido volver a paralizar el asunto porque el Gobierno ha decidido finalmente interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2011, el que modificó la ley de farmacia andaluza abriendo la puerta a las subastas de medicamentos en esa comunidad autónoma. Sobre este asunto, considero que el origen del galimatías se encuentra en el calendario político. Cuando en diciembre de 2011 el gobierno autonómico de José María Griñán aprobó el Decreto-ley 3/2011, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, disponía de un plazo de tres meses para interponer el recurso de inconstitucionalidad. El plazo finalizaba antes de las elecciones andaluzas, y el presidente del Gobierno optó por no presentar ese recurso de inconstitucionalidad.
Supongo, o eso creo, que pensó que los socialistas lo aprovecharían para cargar contra el candidato andaluz del PP a presidir la Junta de Andalucía, Javier Arenas, en la campaña electoral. Nuestro sistema, sin embargo, permite al Gobierno disponer de más plazo para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Para conseguir este plazo adicional, hasta un máximo de nueve meses, se debe solicitar que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva comunidad autónoma y que se adopte un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias. En el caso que nos ocupa, la citada reunión se produjo el 5 de marzo, en la que se designó un grupo de trabajo para que proponga alguna solución a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda. Como que cuesta creer que la Subcomisión, la Comisión u otros organismos creados expresamente para ello, se vayan a poner de acuerdo sobre este tema, y puesto que el Tribunal Constitucional había decidido levantar la suspensión, el último movimiento de Rajoy ha sido presentar el recurso que no formuló en su día. Se trata, evidentemente, de un gesto táctico, que provoca de forma automática la suspensión del sistema de subastas durante cinco meses o hasta que el Tribunal Constitucional vuelva a pronunciarse sobre el tema. Un pronunciamiento que, presumiblemente, hará en el mismo sentido que su decisión anterior. Es decir, que previsiblemente, en base a la argumentación esgrimida, podría levantar la suspensión. En fin, que nos vamos de vacaciones con las subastas suspendidas pero con la perspectiva de que se pueden reactivar en otoño.
Antes de apagar el ordenador, si les apetece, dense una vuelta por la página web del Ministerio de Sanidad, Política Social y Servicios Sociales. En la pestaña de proyectos normativos hay materia suficiente como para desconectar algún día del tedio vacacional. A destacar la última versión del proyecto sobre distribución farmacéutica y del real decreto sobre farmacovigilancia, textos ambos de enorme relevancia en la regulación del sector. Del primero hay que destacar los esfuerzos que se están realizando a nivel europeo, siempre bienvenidos, para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. Del segundo, se puede decir que su objetivo es incorporar la Directiva 2010/84. Esta directiva debía estar vigente antes del 21 de julio, y cabe esperar que su aprobación no se demore, si bien la cantidad e importancia de las novedades que introduce en el sistema aconsejan pausa y concentración en la fase final de la redacción del texto.
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