Jordi Faus es abogado y socio de Faus & Moliner
A los que de un modo u otro estamos vinculados al sector farmacéutico nos iría bien, en los tiempos que corren, una buena dosis de contacto con otros sectores. Sí, el profesional farmacéutico tiene sus particularidades, obviamente, pero no es el único donde el entorno competitivo cambia cuando aparecen productos genéricos, ni tampoco es el único donde las relaciones con las distintas administraciones públicas son de una intensidad especial. Seguro que analizando lo que está pasando con las cápsulas Marcilla, que hacen competencia a las Nespresso con una diferencia de precio mucho menor a la que existe entre muchos productos de marca y los productos a granel o de marca blanca, se aprende algo que puede ser de utilidad a muchas compañías farmacéuticas.
Si hablamos de las relaciones con las administraciones, tres cuartos de lo mismo. Imaginen por un momento una circular, emitida por algún funcionario de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, o de algún otro ente de mucho menor rango, donde se dijese que a la vista de algunos artículos publicados en alguna revista científica, en los que se haría referencia a la posibilidad de efectos adversos derivados de las ondas emitidas por un determinado tipo de teléfonos móviles, se recomendase que las administraciones no comprasen estos aparatos.
¿Verdad que les cuesta imaginarlo? A mí también me costaría creer que algo así se hiciese, y especialmente que sucediera sin permitir a la empresa en cuestión exponer su punto de vista. Pues atentos, que algo muy similar a esto está pasando en el sector farmacéutico, y no solamente cuando comités de la más diversa naturaleza se dedican a evaluar y revaluar medicamentos que ya han sido aprobados. También pasan estas cosas cuando un funcionario de un área básica de salud envía cartas a los médicos, a fin de que las entreguen a los pacientes, informando que en determinado territorio, a la vista de uno de esos estudios, se ha decidido dejar de prescribir una determinada clase de fármacos y suspender los tratamientos en curso.
En definitiva, una actuación expeditiva que no respeta procedimiento alguno, sin garantías de defensa para la empresa, que supone, en la práctica, lo mismo que sucedería si la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) revocase la autorización de comercialización del producto o si la Dirección general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad decidiese excluirlo de la prestación farmacéutica pública. Al menos en la comunidad autónoma de Galicia lo hicieron en su parlamento y tendrán que vérselas con los jueces del Tribunal Constitucional.
En fin, que aceptando que la situación actual en la que se encuentran las arcas públicas exige debate y medidas para optimizar los recursos disponibles, que el entorno del mercado y de la competencia ha cambiado, y mucho, considero que conviene revisar lo que han sido algunas posturas tradicionales en el sector farmacéutico español. La búsqueda de la eficacia y de la sostenibilidad no puede hacerse despreciando pilares básicos del estado de derecho. Unos pilares básicos como son el reparto de competencias y el respeto a los derechos de los interesados en aquellas actuaciones de la administración que les afectan directamente. En este contexto, seguro que es bueno observar lo que sucede en otros sectores.
