Los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana han vuelto a la carga en contra de la consejería de Sanidad regional. Y esta vez no ha sido a causa de los impagos, sino por culpa de las instrucciones dadas el 2 de septiembre (ampliadas el 27 de septiembre) por la dirección general de Farmacia de la Comunidad Valenciana que dirige José Luis Trillo acerca de la dispensación en centros de atención primaria de fármacos antipsicóticos, tratamientos para la artritis reumatoide y vacunas para la alergia. Es decir, la salida de la farmacia de productos del canal farmacia comunitaria vía hospitalaria, cuya implantación está prevista entre el 8 y el 30 de octubre.
A este respecto, las asambleas extraordinarias y urgentes celebradas por los colegios de farmacéuticos de Valencia y Castellón (Alicante celebrará la suya en los próximos días) dieron luz verde a los acuerdos alcanzados por el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana. Unos acuerdos que, básicamente, se traducen en que presentarán un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones de la dirección general de Farmacia regional.
¿En qué se basan los farmacéuticos para acudir a los tribunales? Según la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, estas instrucciones “son contrarias a la legalidad estatal”, ya que la Ley de Garantías establece que la función de dispensación de los medicamentos corresponde a las oficinas de farmacia y a las farmacias de hospital, en ningún caso a los centros de salud.
Asimismo, la presidenta de los farmacéuticos de la provincia de Valencia criticó la actitud adoptada por la consejería que, según dijo, tomó una decisión que afecta a las oficinas de farmacia sin contar con ellas y al amparo del polémico Decreto-ley 2/2013. Sobre este particular, Guardiola incidió en que las instrucciones se dieron un día después de la reunión de la comisión bilateral que tiene por objeto negociar la modificación de los puntos más conflictivos que contiene el decreto-ley.
Igualmente, los farmacéuticos alertan de que “se trata de una medida económica y no sanitaria”, que prescinde de la dispensación del farmacéutico y de la atención farmacéutica, y que “no va a suponer un ahorro sino que va a generar más gasto”. ¿Por qué? Porque, según argumentan, tendrá que habilitarse una estructura nueva que permita el transporte y almacenamiento de estos medicamentos (algo que la orden no establecer cómo se realizará, lo que no garantizaría que los procesos se llevasen de forma correcta), lo que implica un gran coste, además de que se pierde la aportación del paciente al medicamento.
Por otro lado, en las asambleas también se decidió exigir la retirada inmediata de las instrucciones, así como encargar a los servicios jurídicos el estudio de acciones jurídicas para exigir responsabilidades personales que procedan al director general de Farmacia, así como la puesta en marcha de movilizaciones.
