La gota mediática que ha colmado el vaso de las diferencias entre autonómicas ha sido por accidente: el euro por receta de Cataluña y Madrid. Pero España hace tiempo que es un conglomerado de 17 mercados farmacéuticos en los que las CC.AA. han desarrollado su propia política farmacéutica. No tendría mayor trascendencia si no fuera porque el paciente de Andalucía no tiene el mismo tratamiento farmacológico que el que reside en el País Vasco. La homogeneidad de la práctica médica en materia de prescripción ha saltado por los aires y ni la Ley de Cohesión de 2003, que abordaba la equidad, la ha podido contener. Los sucesivos Gobiernos de España, de uno u otro signo, se han enfrentado a ciertas CC.AA. díscolas que han interpretado la Constitución en el sentido de poder decidir los medicamentos que sus ciudadanos tendrán e incluso el coste de adquisición.
En algún caso, como en el texto del RDL 9/2011, el objetivo era tanto seguir reduciendo el precio medio de los medicamentos, como generalizar y darle carta de naturaleza a la extensión de la prescripción por principio activo y permite que las dispensaciones se realicen con el más barato. El sistema de precios de referencia ya es un sistema de precios menores. Pero también incorpora medidas que permiten generalizar todas las iniciativas autonómicas de control farmacéutico. Hasta ahora, el ministerio de Sanidad no ha podido frenar la diversidad inconstitucional.
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