Santiago de Quiroga
Todos esperábamos que el sentido común se impusiera. Los farmacéuticos andaluces tienen la posibilidad de dar el medicamento de precio más bajo del que dispongan. Si eso no es posible, no se trata de ningún invento decir que podría haber desabastecimiento. Un boticario que sepa que no le van a reembolsar el medicamento que ha dispensado, por haber cambiado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) las reglas del juego como “reprimenda”, está en su derecho. Las farmacias andaluzas tendrían que derivar el paciente al médico para que les hiciera una nueva receta del medicamento que sí tuviera en ese caso en la farmacia. La consejera andaluza, María Jesús Montero, prefiere hablar de contundencia en la respuesta a los farmacéuticos, y no ha tardado en habilitar un canal para que los pacientes detecten incidencias y puedan canalizar las mismas.
Ante esta situación, los farmacéuticos de 22 colegios provinciales se han solidarizado con los andaluces. Acusar de “alarma injustificada” a los farmacéuticos es fácil de sustentar. Solamente hay que esperar al 1 de junio y ver lo que ocurre. Pero, ¿y si se producen desabastecimientos? ¿Merece la pena arriesgarse? ¿De quién será la culpa, del que avisó o del que negó la existencia del problema? La mecha debería dejar de avanzar ahora que hay tantos indignados por razones varias. Los farmacéuticos también se indignan y tienen razones.
