El cierre la semana pasada de 21 urgencias en Castilla-La Mancha ha tenido un parón inesperado, aunque temporal. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ordenó la suspensión cautelar del cierre de 21 urgencias por el recurso presentado por el Ayuntamiento de Tembleque. La comodidad de un vecino al tener un servicio de Urgencias próximo es indudable, pero se trata de una decisión que han tomado, precisamente, los que se ocupan de la planificación sanitaria asistencial, cuya responsabilidad incluye asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente.
Mi asombro viene porque una medida que responde a la gestión de una administración sea suspendida por un juez. O el juez sabe más de gestión sanitaria que la consejería de Castilla-La Mancha, o es que la administración autonómica planifica en contra de la salud de sus ciudadanos. Las protestas de los vecinos (habituales cuando los servicios van a menos), levantarán los ánimos de los que reciben sus votos, pero los jueces no están para judicializar la gestión administrativa. Si finalmente prospera la suspensión cautelar de las 21 Urgencias, yo le daría al magistrado la gestión de la Sanidad de Castilla-La Mancha, lo que quizá les lleve a la ruina. Pero claro, para algunos “la Sanidad no tiene precio”, pero cuesta mucho a las comunidades y los contribuyentes.
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