En una conversación distendida la pasada semana con un eminente especialista médico catalán, me comentaba que veía con asombro las movilizaciones organizadas en Madrid a cuenta de la gestión privada de seis hospitales públicos y 27 centros de salud. Si un médico no creyera en la gestión privada, imagino que no tendría jamás una consulta fuera de la cobertura pública. Los médicos que se adentran en un sector privado siempre competitivo, en un entorno de un sistema sanitario público, tienen mucho mérito. Por otro lado, trabajar para un tercero es lo que hacen la mayoría de los médicos, ya sea público o privado. Externalizar la gestión no es ni bueno ni malo a priori. La queja de poco diálogo es también la manera de decir que no se está de acuerdo. El miedo ante la posibilidad de perder seguridad en el empleo ha disparado la alarma en los médicos interinos, movilizados ahora por las plataformas de defensa de la sanidad pública, como si se atacara lo público. En todo caso, la necesidad de defensa sería contra el menor presupuesto, pero eso es algo que se les escapa a los líderes autonómicos: ellos ya no deciden lo que pueden gastar. Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de Madrid, maneja un presupuesto sanitario que no contempla 600.000 madrileños, y eso hace más difícil cuadrar las cuentas.
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