Decía Michel de Montaigne: “Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron”. Así puede definirse el pánico generado con la Ley de Servicios Profesionales, aplazada dos meses, en lo que se traduce como una tregua dentro de la supuesta disputa en el Gobierno. Las carteras de Economía y Sanidad han mantenido discrepancias a cuenta del posible cambio en la titularidad de las farmacias. Pero no ha sido una falsa alarma: se trata de algo real que ha chocado con una reacción adecuada de las instituciones de la farmacia. Una reacción en cadena del sentido común en la idea de que la liberalización (en forma de una quiebra del binomio titularidad-propiedad) es la antesala de la ruina de los autónomos cuasiPYMEs que son las farmacias en España. Y esto llevaría al fin de la universalidad en el acceso.
La mala noticia es que la incertidumbre continúa y la Ley sigue a la espera: Para Fernando Redondo (FEFE) el optimismo que muestra se explica porque un cambio en el modelo no respondería a los intereses del país. Aplatante argumento. Carmen Peña (CGCOF) ha logrado el importante apoyo de la ministra Ana Mato (un apoyo que cotiza al alza en el sector) y de los muchos consejeros autonómicos de sanidad, a través de los COF provinciales.
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