N o me considero especialmente indulgente con las ocurrencias que de forma habitual tienen las comunidades autónomas. Por eso, cuando toman una decisión para corregir un error garrafal del Ministerio de Sanidad para que sus consecuencias no lleguen a los pacientes ni afecten más de lo entendible a las farmacias, es de justicia reconocérselo. Eso es lo que ha ocurrido con la posición que han tomado en relación con el ‘caso Exforge’ y que ha impedido males mayores. No obstante, el hecho de reconocer a las comunidades autónomas que su actuación ha evitado un problema sanitario, no quita para que la forma de hacerlo no sea lógica ni, desde mi punto de vista, demasiado legal. Eso sí, lo han hecho forzadas por una decisión precipitada y sin analizar las consecuencias tomada por el Ministerio de Sanidad.
El departamento que dirige Ana Mato comunicó el pasado viernes 28 de marzo que, a partir del 1 de abril, el precio de una serie de medicamentos bajaba un 40 por ciento. Esa modificación, incluso a pesar de necesitar un cambio de código nacional no habría tenido las repercusiones que ha habido si la comunicación del ministerio hubiera llegado en los listados de cada día 5 del mes. Del mismo modo, si el mes elegido no hubiera sido uno en los que se actualizan los precios menores, el impacto habría sido nulo. Pero se dieron juntas todas esas circunstancias y además, Sanidad avisó a escasos tres días del cambio y con un fin de semana por medio. Unido a esto, los retrasos lógicos por la fabricación de envases con el código nacional nuevo, han hecho que estuvieran desfinanciadas de facto todos los envases existentes en las farmacias de Exforge y su familia de medicamentos al completo, incluyendo las licencias. Es más, los listados de ayuda a la dispensación de los colegios de farmacéuticos recogían claramente que los códigos nacionales anteriores habían quedado desfinanciados desde el 1 de abril.
La solución, por llamarla de algún modo, llegó por parte de las comunidades autónomas, que mirarán hacia otro lado durante las primeras semanas de abril y admitirán la facturación con cargo al SNS de presentaciones con código nacional y precios antiguos. Algo imposible con la ley en la mano ya que se trataría de medicamentos desfinanciados al superar el precio menor.
Las comunidades autónomas han obviado la ley obligadas por el Ministerio de Sanidad para solventar un marrón. Por eso es muy grave la actuación del ministerio, que da pie a pensar en que, según las circunstancias es posible saltarse la ley. Un peligroso mensaje que deja en manos de cada uno la interpretación de qué circunstancias justifican o no una actuación ilegal. Me da miedo.
La actuación de Sanidad deja abierta la puerta a decidir en qué situación es ‘bueno’ saltarse la ley
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