Redactor jefe de ‘La Razón’ viernes, 02 de mayo de 2014 h
Si se mide por los resultados, la política farmacéutica del actual Gobierno no puede calificarse más que de certera. Al igual que ocurrió con el ejecutivo socialista, las cifras oficiales de gasto público generado por las medicinas prescritas en Atención Primaria han descendido por debajo del PIB nominal, con lo que puede afirmarse que este capítulo sí está contribuyendo a la sostenibilidad del sistema o no le resulta gravoso en demasía, lo que no es poco en tiempos de crisis. Si nos atenemos a los medios empleados para lograrlo y al rumbo que está experimentando la política farmacéutica global del Estado, el juicio se torna más sombrío y sigue sin transmitir buenas sensaciones. Por un lado, se producen desde hace meses declaraciones públicas contradictorias por parte de altos cargos, por lo que el sector en particular y la población en general no saben si quedarse con las palabras secas y abruptas del pope más beligerante con la industria del ministerio, con las expresiones conciliadoras que formula otro cada vez que puede o con el término medio y ambiguo que suele emplear uno de los principales lugartenientes de Ana Mato.
Tampoco transmiten buenas sensaciones las incoherencias autonómicas, que llevan a comunidades no ya del PSOE o de los nacionalistas, sino del propio PP, a desautorizar por la vía de los hechos las decisiones emanadas de la Administración central. Podría repetirse aquí el caso del copago de los fármacos, pero hay muchos más detalles que revelan que la falta de coordinación y de sintonía prevalecen en la Sanidad del PP, no se sabe si por dejación gubernamental o por el vacío coordinador sanitario que sufre el partido. Por otra parte, no dejan de ser llamativas algunas decisiones ministeriales que no contribuyen precisamente a mejorar la imagen pública de la ministra. La polémica de la vacuna de la varicela, con inquinas conocidas hacia el producto por parte de un funcionario de la Aemps, y con disparidad de criterios a la hora de autorizar su dispensación libre en farmacia, ha eclosionado con el juicio al que la empresa fabricante va a someter al ministerio.
Pero hay más. Si acudimos al nuevo sistema de precios de referencia de las medicinas, la pregunta que surge es si el modelo se ha construido a imagen y semejanza de los deseos de algunas grandes compañías, o por el contrario se ha perseguido sólo el ahorro estable aunque éste vaya a producirse con meses de retraso. El caso es que los centenares de alegaciones formuladas por numerosas compañías, casi todas pequeñas y críticas con los parabienes que Farmaindustria lanzó a la orden, va a dilatar aún más la puesta en marcha de esta fórmula de ahorro.
¿Qué alto directivo de una multinacional se está topando con problemas serios ante su matriz, que le pide evaluar la posible retirada de las inversiones en España?
¿Por qué cobraría especial relevancia el precio notificado en el nuevo sistema de precios de referencia de las medicinas? ¿Qué evitaría? ¿Lo ha pensado el ministerio? ¿Cuántas compañías estudian retirar productos con genérico en Europa?
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