Poco a poco los tribunales van entendiendo que no todo vale para gastar menos y que la distribución de competencias, en un lugar tan complejo como España, o se asegura y protege o este país se terminará convirtiendo en una agrupación de Reinos de Taifas. Más si cabe. Resulta asombroso contemplar el mapa de España en el que se exponen el número de medicamentos de Diagnóstico Hospitalario (DH) que las comunidades autónomas han retirado la dispensación a las farmacias comunitarias para llevarla a los servicios de Farmacia hospitalarios. Ese mapa muestra, sin ningún complejo, el número de veces que las diferentes autonomías han vulnerado la ley que otorga a la Administración Central y, en concreto al Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos (Aemps), la competencia exclusiva para establecer reservas singulares a la prescripción o dispensación de medicamentos.
Con la excepción de Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña y las Islas Canarias, todas las comunidades autónomas han sacado de las farmacias comunitarias más medicamentos que los que había autorizado Sanidad. El caso de Andalucía, con 43 principios activos adicionales a los 16 que sacó Sanidad, o los 21 y 23 que sacaron Comunidad Valenciana y Baleares respectivamente son ejemplos de una profunda falta de lealtad institucional y cumplimiento de las leyes.
No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a instancias de la patronal de Farmacias de esa autonomía, Ceofa, ha parado los pies a esta iniciativa y ha obligado a dar marcha atrás confirmando que solo el Ministerio de Sanidad tiene la competencia para establecer esas reservas singulares.
Más allá del importante debate competencial y del respeto a la regulación, me merece un comentario mayor las diferencias de trato a los pacientes y a las farmacias en función de la comunidad autónoma de la que se trate. Creo que en muchas cuestiones las autonomías, creadas para acercar los núcleos de decisión a los administrados y, por tanto, ofrecer los servicios de un modo mejor, están dando pasos en sentido contrario.
En las próximas, con la misma celeridad que se sacaron esos medicamentos, deberían volver a las estanterías de las farmacias, especialmente en Andalucía, donde ya hay sentencia. Espero que no ocurra como con la fallida subasta por Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs), que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) utiliza subterfugios legales para hacer, por otros procedimientos de contratación, lo que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) le ha impedido. La ley es la ley y hay que cumplirla.
Los DH que salieron de las farmacias deberían volver con la celeridad con la que los sacaron
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