Tras varios meses marcados por la conflictividad en torno a la reforma sanitaria de Ana Mato, el Consejo Interterritorial se dio una tregua, calificada por el PSOE de “electoralista” ante la proximidad de elecciones en tres comunidades autónomas, antes de abordar otros asuntos polémicos como la revisión de la cartera de servicios. El carácter técnico del pleno, al margen de los nuevos términos de la cobertura pública, ni siquiera mereció la rueda de prensa de la ministra. En su lugar lo hizo el responsable de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, para informar, principalmente, del balance del Real Decreto-ley 16/2012 basado exclusivamente en el ahorro farmacéutico, un asunto que sigue siendo espinoso por la oposición de las comunidades socialistas.
Echániz hizo énfasis en el ahorro en medicamentos logrado “sin que se haya percibido que nadie deje de acceder a los fármacos”. Sin embargo, se trata de un balance puramente basado en los datos de julio y agosto, que sigue sin convencer ni a Asturias, ni a Andalucía, ni al País Vasco. Precisamente el consejero de Sanidad de esta comunidad, Rafael Bengoa, volvió a pedir un “estudio independiente” que analice las repercusiones de la “contención del gasto” en la salud de la población. La consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, fue más allá y destapó los problemas que genera la nueva contabilización del gasto tras la entrada en vigor de la nueva participación de los usuarios en la prestación farmacéutica.
Este problema tiene que ver, en primer lugar, con la estimación general que el ministerio lanzó sobre los ahorros del RDL: 7.000 millones de euros. Pero, según Andalucía, Sanidad de momento no ha aportado ningún dato adicional más allá del gasto farmacéutico de julio y agosto y los 37 millones de euros de la compra centralizada de vacunas. “Muy lejos de los 7.000”, señaló Montero, que además mostró su oposición a la idea de la ministra de aglutinar los ahorros cuando las comunidades terminen su ejercicio presupuestario y presenten sus cuentas. “El RDL afecta a unas medidas concretas y las comunidades incluyen en sus cuentas capítulos de personal o gestión, donde han hecho ahorros adicionales que no se pueden imputar al decreto para justificar la quiebra del sistema”, criticó la consejera andaluza.
La segunda crítica está directamente relacionada con lo que Andalucía califica de “vulneración del sistema de información”. Su tesis gira en torno a la imposibilidad de hacer comparativas mensuales de los datos del gasto farmacéutico tras la distinta metodología de reintegros en las comunidades: esta comunidad, por ejemplo, donde los ciudadanos no anticipan dinero, envía al Ministerio de Sanidad sus datos de “gasto real”, algo que no ocurre en las comunidades autónomas que deben reingresar los adelantos a sus pensionistas meses después de publicarse el gasto.
Andalucía exige, por tanto, una revisión del sistema de información de farmacia que aporte la garantía de que los datos del gasto incluirán las devoluciones autonómicas, cuando éstas se produzcan. Montero salió del pleno sin un compromiso de homogeneización de los datos por parte del Ministerio de Sanidad.
Convenios especiales
Más allá del balance del RDL 16/2012, el Consejo Interterritorial dio el visto bueno a la orden ministerial que creará la Red de Agencias de Evaluación, abordó la creación de una comisión y dos grupos de trabajo para trabajar en la plataforma de compras centralizadas y definió los nuevos términos de la cobertura sanitaria pública, que confirman a los inmigrantes sin papeles como los grandes damnificados en la lucha contra el turismo sanitario.
La normativa dejará abierta a las comunidades la decisión de firmar convenios especiales para la atención de quienes no sean asegurados ni beneficiaros, mediante el pago de un mínimo de 710,40 euros, que llegará a los 1.864,80 para los mayores de 65 años. Estos convenios no incluyen el pago de los medicamentos.
