Conscientes de que el Tribunal Constitucional solo se ha pronunciado sobre la suspensión de las subastas, y no sobre su legalidad o ilegalidad, ni el Ministerio de Sanidad ni la Junta de Andalucía quieren dar su brazo a torcer. La Consejería de Salud ha puesto toda la carne en el asador y su máxima dirigente ha asegurado que “nunca va a pedir perdón a los ciudadanos por impactar los ahorros necesarios en Andalucía en las cuentas abultadas de las grandes farmacéuticas”. No solo ha exprimido al máximo las posibilidades de las subastas, al sacar a concurso el 43 por ciento del mercado farmacéutico andaluz, sino que ha acelerado al máximo los plazos ante la más que probable decisión de Sanidad de llevar al Constitucional la nueva resolución de licitaciones. Además, María Jesús Montero ha blindado la convocatoria actual contra otro de los posibles ataques ministeriales: al flexibilizar la subasta, Andalucía da muestras de no estar dispuesta a sucumbir ante un nuevo supuesto “boicot” como el que ya denunció en la primera convocatoria.
En aquel entonces, solo cuatro de las once compañías adjudicatarias se presentaron a la firma de sus convenios, lo que supuso un duro revés para la Consejería, que vio cómo el impacto económico de la primera subasta bajaba de los 40 a los 9 millones de euros. La presión del Ministerio, que amenazó con bajadas de precio para toda España a todo aquel que firmara el convenio, fue eficaz, y en evitar su posible repetición radica uno de los escasos cambios incorporados ahora al texto de las resoluciones que firma el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Mientras que la primera advertía a los adjudicatarios que la cuantía de la mejora económica sería “invariable durante el plazo de vigencia del convenio, con independencia de cualquier circunstancia sobrevenida”, la segunda, firmada el 20 de diciembre de 2013, eliminó la referencia a esa invariabilidad de la cuantía de mejora. En su lugar, se establece que, a la luz de “circunstancias sobrevenidas, debidamente acreditadas” será posible modificar el convenio firmado entre la compañía adjudicataria y el SAS. Es decir, en caso de que el Ministerio decidiera extender el precio ofertado a Andalucía para todo el territorio nacional, la nueva resolución permitiría renegociar las cuantías económicas de mejora.
¿No hay dos sin tres?
Así las cosas, el mayor revés que podría deparar al nuevo proyecto de subastas de Andalucía radica en un nuevo recurso estatal a la segunda convocatoria, y que podría conllevar de nuevo su paralización. Montero, ha señalado que si el tercer recurso se materializa el Gobierno central estaría incurriendo “casi en un fraude” y en un “abuso de derecho”, si se tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional “ha decidido dos veces” sobre ese asunto.
Sin embargo, los servicios jurídicos del Ministerio ya están estudiando esta posibilidad, al igual que la de interponer un recurso Contencioso-Administrativo, después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicara la resolución el 24 de diciembre, en línea con la amenaza lanzada por la ministra de Sanidad durante la última sesión de control al Gobierno de 2012. “Espero que reconsideren sus medidas porque si no, nos tendremos que volver a ver en los tribunales, respondió Mato al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que solicitaba la valoración del Gobierno sobre el levantamiento de la suspensión cautelar de la subasta de medicamentos.
El Ejecutivo, dijo Mato, “acata cualquier decisión del Tribunal Constitucional”, aunque matizó que esa decisión se refería exclusivamente a la suspensión de la norma, no al contenido de la misma. Y en este sentido la postura del Gobierno no ha cambiado: “La decisión de la Junta no fue acorde a derecho ya que invade competencias propias del Estado, como ha informado la Abogacía del Estado”, dijo Mato.
La ministra añadió un argumento más en su oposición a las subastas: un informe del anterior equipo ministerial que valoraba de manera negativa la subasta y que ha abierto una nueva fisura con el PSOE en torno a este asunto. El propio portavoz de Sanidad del PSOE en la Cámara Baja, José Martínez Olmos, respondió a Mato que ese informe “no responde a la medida que aprobó en el BOJA la Junta de Andalucía”.
Efectivamente, la postura negativa inicial del Gobierno socialista tenía su explicación en la redacción inicial del proyecto de subastas, que hacía referencia a bajadas de precio por parte de los laboratorios, lo que repercutía en el precio oficial de los medicamentos y por tanto entraba en conflicto directo con las competencias del Ministerio. Sin embargo, la redacción final no incidía en una modificación directa de los precios, dejando intactos los márgenes de beneficio de la oficina de farmacia que determina la ley.
La segunda subasta
Teniendo en cuenta los 20 días hábiles que corren desde la publicación de la resolución en el BOJA, el 19 de enero finalizará el plazo previsto para la presentación de las ofertas económicas a cada uno de los 939 concursos convocados.
La resolución saca a licitación un total de 330 principios activos diferentes, de 161 subgrupos farmacoterapéuticos que registraron durante 2011 más de 71 millones de envases dispensados. En términos económicos, según el SAS, las moléculas para las que se han convocado concursos representan el 43 por ciento del total del gasto en recetas de medicamentos en el año 2011… Un gasto total superior a los 844 millones de euros para los que el organismo andaluz espera conseguir un ahorro próximo a los 211 millones de euros, según estimaciones del SAS.
El proceso de selección abierto en Andalucía tras la publicación de la segunda resolución de las subastas en el boletín oficial regional está abierto a todas las empresas y laboratorios que comercialicen los medicamentos. Pueden presentarse aquellos que tengan un precio igual al menor de su agrupación homogénea autorizado por el Ministerio de Sanidad.
La nueva convocatoria afecta a todos los fármacos para los que exista más de un preparado comercial en el mercado y estén incluidos en las agrupaciones homogéneas definidas por el Ministerio. En este sentido, no afecta a los que resultaron seleccionados en la primera convocatoria (del pasado mes de febrero), pero sí a aquellos que, aun habiendo sido convocados entonces, no llegaron a firmar convenio con ninguno de sus laboratorios.
Una vez se lleve a cabo la segunda subasta, el mapa farmacéutico andaluz quedará dividido en tres ‘zonas’, en función del número de adjudicatarios: un total de 818 presentaciones dependerán exclusivamente de un único proveedor; mientras que dos compañías se repartirán otras 108 presentaciones y tres compañías se repartirán otras 13.
Datos como estos sirvieron al Ministerio para intentar atacar las subastas con acusaciones de monopolio. Sin embargo, ni esta ni las otras argumentaciones lanzadas por la Abogacía del Estado hicieron mella en las consideraciones del Tribunal Constitucional. El auto de levantamiento de las subastas apreció que los intereses particulares de los laboratorios “no pueden prevalecer en modo alguno frente a los generales de reducción del gasto farmacéutico”
Al flexibilizar la subasta, Andalucía da muestras de no estar dispuesta a sucumbir ante un nuevo “boicot” del Ministerio
Mato: “Reconsideren
sus medidas porque,
de lo contrario, nos tendremos que volver a ver en los tribunales”
