No basta con que el 99 por ciento de la población disponga de una botica a menos de cinco minutos de su domicilio. Tampoco que ya existan más de 2.000 farmacias, centenares de ellas en Andalucía, ubicadas en municipios de menos de mil habitantes, prestando servicio pese a su situación de inviabilidad económica. Aun así, la Junta de Andalucía ve factible ‘exprimir’ más la ya alta accesibilidad del modelo farmacéutico y ha aprobado un decreto-ley que modifica la Ley de Ordenación Farmacéutica regional a fin de “garantizar la apertura de farmacias en todos los municipios de menos de mil habitantes”.
La aprobación del decreto-ley tiene un ‘objetivo oculto’ a corto plazo: solucionar los rechazos de seis farmacias rurales por parte de sus adjudicatarios en el último concurso. Se trata de establecimientos que dejaron ‘libres’ titulares que participaron en una fase inicial de traslados, pero cuyo traslado no puede autorizarse (según la LOF) hasta que su antigua botica tenga un nuevo titular. Por ello, este decreto permite “emitir resoluciones complementarias” que permitirán reabrir el concurso.
“Pozo sin fondo”
El presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), Javier Guerrero, celebró la “solución” para a los boticarios que querían trasladarse, pero no obvia que estas boticas “son un pozo sin fondo donde sus titulares pueden enterrar su futuro”. A este respecto, estimó que la población de estas localidades tiene derecho a la prestación farmacéutica, eso sí, afirmó que la Junta de Andalucía “también tiene que garantizar la viabilidad de esas boticas”.
¿Cómo garantizarla? “Cumpliendo con la legislación y desarrollando las compensaciones a boticas VEC, que en esta región acumulan dos años y medio de retraso, así como con la promesa hecha en 2011 por la que el 10 por ciento de los ahorros de las subastas se revertiría en la farmacia rural”, señaló. Asimismo, José Luis Márquez, presidente de la patronal regional Ceofa, también criticó que “es fácil apostar por abrir farmacias donde sea si luego se desentienden de sus obligaciones con ellas”, y denunció el doble rasero de la Junta, que “en 2011 apostó por convertir este tipo de farmacias en botiquines”. Por su parte, Antonio Mingorance, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos (Cacof) no ve “razonable” abrir farmacias en pueblos de bajo censo y se muestra partidario, en estos casos, de los botiquines.
