“Ninguna persona en España deja de tomar un medicamento que necesita por razones económicas, ninguna”. Con estas palabras dejó claro la ministra de Sanidad, Ana Mato, el convencimiento de su departamento en que nadie ha sufrido “ninguna merma en la atención sanitaria que necesita” como consecuencia de las reformas puestas en marcha en el ámbito farmacéutico. Sin embargo, nada en la respuesta que la ministra ofreció al senador del Grupo Vasco José María Cazalis indica que el Gobierno esté manejando otros indicadores que no sean los puramente económicos de reducción de la factura.
Desde que se pusieran en marcha, varios responsables autonómicos, organizaciones y grupos parlamentarios han pedido al Gobierno que realice, aunque fuera a posteriori, un estudio sobre el impacto en la salud de algunos colectivos de medidas como el copago farmacéutico por renta y la desfinanciación de medicamentos. El ministerio no dispone de estadísticas ni indicadores sanitarios, aunque está convencido de que “ni las personas mayores, ni las personas que padecen enfermedades crónicas, ni las que padecen enfermedades raras” se han visto perjudicadas en su salud por la reforma sanitaria. En cualquier caso, Mato mostró en el Senado su disposición a estudiar “cualquier indicador científico” que se quiera plantear.
Los datos con los que el ministerio avala la reforma farmacéutica siguen siendo los económicos, porque fueron razones económicas las que, según Mato, llevaron al Gobierno a aplicar la nuevas medidas. Así, la ministra recordó en la Cámara Alta que el nuevo sistema de aportación farmacéutica tenía como diana el “margen amplio de ahorro” que a juicio del Ejecutivo existía en la factura: 3.700 toneladas de medicamentos depositadas en los puntos Sigre; 45 millones de envases de medicamentos acumuladores y no usados en los hogares; y una factura cinco puntos por encima del gasto farmacéutico de países como Alemania o Francia.
La respuesta del Gobierno sigue sin satisfacer el interrogante que plantean los últimos datos recabados por EG: si la reducción de la demanda que ha sido adoptada por decisión del paciente puede acarrear consecuencias sanitarias que, a la larga, le pueden salir caro al sistema. La semana pasada, el IV Congreso Internacional dedicado a las Enfermedades Raras, celebrado en Sevilla, ratificó las peticiones de la patronal de estos pacientes, Feder, en relación al “impacto negativo que el copago farmacéutico supone para las economías” de estas familias.
Por otro lado, Cazalis también exigió, sin éxito, más concreción a la ministra y una respuesta “en términos de salud”, en lugar de económicos. Mato, que aseguró que el ahorro en farmacia “beneficia a los pacientes”, optó por recordar lo ocurrido en el País Vasco, donde la reforma no se aplicó en 2012: “Mientras el gasto farmacéutico se ha reducido en España un 19,7 por ciento, en su comunidad solo se ha reducido un 4,36 por ciento; y el gasto medio por recetas se ha incrementado un 6,12 por ciento, mientras globalmente disminuía en toda España un 1,48 por ciento”.
