Oficialmente, la convalidación por rodillo de la reforma sanitaria ha convertido la firma del Pacto sanitario con todas las formaciones políticas en algo tan imposible como lograr la cuadratura del círculo. La oferta sigue vigente. Es más, la ministra de Sanidad, Ana Mato, cree que es necesario “hoy más que nunca”. Pero pasa necesariamente por que la oposición asuma sin más los recortes del RDL 16/2012, y no todos los grupos están dispuestos a ser convidados de piedra en la subcomisión del Congreso. Así lo señalaron durante el debate de convalidación varios grupos, que fueron testigos de una sorpresa de última hora que la ministra les tenía reservada: la creación de un comité de expertos cuyas conclusiones, junto con las de la subcomisión, se tendrán en cuenta para decidir el futuro del SNS.
“Su propuesta de pacto es hipócrita y falsa. Hoy ha introducido un elemento nuevo: que además de los diputados habrá una comisión de expertos. Fedea es la que nos va a decir cómo mejorar el sistema sanitario. No admitimos un pacto trampa”, protestó el portavoz de Sanidad de IU, Gaspar Llamazares. Tampoco el PSOE estuvo de acuerdo en participar de lo que su portavoz de Sanidad, José Martínez Olmos, denominó “autopacto”: el del ministerio con las comunidades del PP. “Ha roto el pacto si no tramitan la norma como proyecto de ley porque no quieren reconocer que aprovechan la crisis para hacer un ajuste ideológico del modelo sanitario”, apostilló Martínez Olmos.
El ministerio, por su parte, continúa defendiendo que el RDL 16/2012 era una “respuesta a una situación urgente” que no admitía margen de espera y se esfuerza en vincular los recortes al Pacto por la Sanidad. En este sentido, la ministra recordó que el acuerdo que propuso en su primera comparecencia en la Cámara Baja tenía dos partes: una con las comunidades y otra con los grupos políticos del Parlamento para la reforma de la cartera de servicios, a la que ahora se unirá la opinión de los expertos.
De la primera surge, según el ministerio, el decreto de reforma sanitaria, aunque el Departamento sigue sin dar respuesta a las comunidades que aseguran que salieron del Interterritorial sin conocer las medidas, más allá de la modificación en torno al copago farmacéutico o el turismo sanitario. En relación a la segunda fase, Mato subrayó que la Red de Agencias trabaja ya en la cartera de servicios. “No la fija el decreto ley”, recalcó la ministra, que previamente había asegurado que “una vez adoptadas las medidas de urgencia con las comunidades autónomas”, el Ministerio de Sanidad seguirá trabajando en el pacto “con todas las aportaciones de los grupos políticos”.
El problema es que las aportaciones que quieren hacer los grupos son de raíz y entroncan directamente con el cambio de modelo que implica la reforma, y que vincula la cobertura sanitaria a la contribución a la Seguridad Social. Es decir, que a estas alturas la firma del Pacto por la Sanidad parte de dos premisas intocables e incompatibles: por un lado las del Gobierno, por otro las de varios grupos de la oposición.
El Pleno del Congreso dio muestras de ello horas después de que la ministra respondiera a Llamazares. Tocaba debatir una moción del PSOE que instaba al Gobierno a promover un pacto de Estado orientado a preservar el actual SNS, además del sistema educativo, así como el desarrollo y la conservación de los servicios sociales. Los votos del Hemiciclo son una muestra perfecta de la quimera que a día de hoy sigue siendo la firma de un Pacto sanitario: hubo 172 votos en contra (de PP y UPN), 131 a favor (los del PSOE, PNV, UPyD, la Izquierda Plural y CC) y 22 abstenciones (las de CiU y Amaiur).
