El luto oficial por la muerte del primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, ha dado una prórroga en el Congreso de los Diputados a la votación del informe de la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad, prevista para el pasado miércoles. A la espera de una nueva cita en la agenda de la Subcomisión, el Ministerio de Sanidad continúa avanzando en otra senda, la definición de un espacio sociosanitario que, si se cumplen las aspiraciones de la ministra, Ana Mato, también tiene como destino final el Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales que ha trazado como objetivo de su mandato.
Con el ruido de fondo de la posible salida del gobierno de Mato (un rumor que no es nuevo, pero que ha cobrado intensidad en las últimas semanas ante la posibilidad de que Mariano Rajoy le asigne un nuevo destino en la lista del PP al Parlamento Europeo), ministerio y comunidades autónomas trabajan ya sobre la base de un borrador de acuerdo marco que permita diseñar la Estrategia de Atención y Coordinación Sociosanitaria.
Según lo previsto, antes del verano será posible elaborar un documento de consenso con las alegaciones presentadas por las comunidades, y acto seguido se abrirá a los agentes sociales para culminar con el visto bueno de los consejos interterritoriales de Salud y Servicios Sociales y Dependencia, según informa el ministerio. Por ahora hay cinco grupos de trabajo que abordarán temas como la definición de perfil de las personas con necesidades de atención sociosanitaria; la regulación del catálogo de servicios y dispositivos de atención, el establecimiento de un sistema de autorización y acreditación en todo el territorio nacional, instrumentos de gestión del proceso y un sistema de información común.
No es tan sencillo
Aunque a priori esta tarea pueda resultar más sencilla que alcanzar un acuerdo político en el Congreso, en realidad no lo es tanto. Además, el diseño del espacio sociosanitario tiene lugar en plena reforma de las administraciones locales, que trasladarán en los próximos años a las consejerías sus escasas competencias en materia de salud, y sus no tan exiguas de servicios sociales.
En medio de este revuelo, no será sencillo diseñar mecanismos de coordinación efectivos en la práctica entre el sistema sanitario público y el de servicios sociales que no supongan una transformación completa de ambos modelos, un cambio en el que los facultativos tienen reservado un papel especial.
De entrada, tal y como consta en el acuerdo marco presentado por el ministerio a las regiones, la derivación del paciente a los recursos asistenciales se activaría tanto desde el hospital de agudos como desde AP o los equipos de atención a domicilio. Además, los profesionales de destino serán los responsables del caso y tomarán las decisiones de forma autónoma en el espacio sociosanitario, por lo que hacen especial hincapié en la creación de un sistema que permita compartir información en las esferas clínica, funcional, psicológica y de servicios sociales. No en vano, para el ministerio resulta tan importante el recorrido de la información entre niveles asistenciales como el intercambio entre centros y servicios.
En este borrador el departamento apuesta por una planificación conjunta que permita una oferta más equitativa y eficiente de recursos y servicios, propone la creación de protocolos y guías clínicas para los procesos más frecuentes de derivación y aboga por establecer guías compartidas de prescripción de medicamentos. Llegado el momento, los profesionales tendrán mucho que añadir en la elaboración de esta estrategia.
