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El ‘Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria’ (Redes) puesto en marcha por la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc), cuyo primer informe se hizo público la semana pasada, ha vuelto a poner encima de la mesa la situación de algunas personas desfavorecidas económicamente o inmigrantes en su mayoría que, por diversos motivos no han accedido a la prestación sanitaria que necesitaban. Algunos casos incluso más allá de lo establecido en la legislación y debido a un exceso de celo en el control y aplicación de las normas. El informe Redes recoge 319 casos en los que se ha dado alguna situación de falta de asistencia y, como no podía ser de otro modo, el asunto del copago farmacéutico ha estado presente.
El informe explica que el 25 por ciento de los médicos ha detectado algún paciente que está dejando de tomar un fármaco por motivos económicos. Es una afirmación que me sorprende y que, lamentablemente, no se puede comparar con la que existía antes de la reforma farmacéutica que modificó el copago. Anteriormente, estoy seguro de que muchos desempleados de larga duración sin prestación y con enfermedades crónicas no podían hacer frente al 40 por ciento de copago al que estaban obligados. Pero no se podrá comprobar porque no hay datos.
Pero decía que me sorprende porque la reforma farmacéutica del copago, entre otros objetivos, buscaba que ningún paciente tuviera que dejar su medicación por falta de recursos económicos para adquirirla. Esa es precisamente la cuestión más importante del cambio de copago. Por ese motivo, me cuesta creer que sean ciertas esas cifras. No obstante, de serlo, sería una muestra más de que las cosas no se están haciendo bien.
Es cierto que hay varios millones de personas que antes no pagaban nada por sus medicamentos y que ahora tienen que abonar hasta ocho (y pico) euros mensuales por ellos. Y aquí es donde las cosas se pueden estar haciendo mal, pero por responsabilidad de las comunidades autónomas. Muchas de ellas no limitan en esos 8 euros la aportación máxima de los pacientes, sino que recaudan todo el copago correspondiente al 10 por ciento de aportación y, posteriormente, se lo devuelven al usuario. Y claro, no es lo mismo pagar ocho euros que adelantar 80. Pero ese problema no lo ha generado la ley sino las prácticas de las autonomías. En su descargo, decir que coincido con lo que aseguran algunas de ellas, no siempre gobernadas por el partido de Ana Mato, que ocho euros no es ningún desincentivo al cúmulo injustificado de medicamentos y, por ello, lo que hacen es incrementar el efecto disuasorio al obligar al usuario a adelantar el dinero. No es algo nuevo en el mundo, aunque sí en España. Es un sistema real de reembolso de gastos existente en diversos países europeos.
Por otro lado, he de decir que podría haber algún caso, muy pocos gracias a Dios, para los que incluso la aportación de ocho euros al mes podría suponer un esfuerzo importante que llevara a limitar la adquisición de medicamentos. Y aquí, la pelota vuelve a estar en el tejado de las comunidades autónomas. Si una persona no puede dedicar ocho euros al mes a medicamentos, su problema no es solo sanitario, tiene un problema social y, por tanto, los Servicios Sociales, competencia autonómica, deben encargarse del asunto y hacer frente a los ocho euros. En este caso, creo que esos uno de cada cuatro médicos que consideran que alguno de sus pacientes deja de tomar medicamentos por cuestiones económicas, deberían alertar a los Servicios Sociales de la situación calamitosa de esos pacientes. Distinto sería que el paciente eligiera el Marca, la primitiva o un carajillo, antes que el Sintrom. Entonces el problema no sería social, sino de prioridades personales, de lo que creo que también hay mucho.
