La patronal de los medicamentos genéricos, Aeseg, solicitó la inclusión de una cláusula de exportación en la futura Ley de Patentes, que ultima su trámite parlamentario. Durante su participación en la comisión de Industria que analizaba el texto legislativo en el Congreso de los Diputados, el director general de esta asociación, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, pidió soporte legal para poder fabricar en España productos protegidos en el país pero cuya patente haya expirado en algunos países del exterior. “Sería deseable que nos dejaran fabricar para exportar. De no existir esta cláusula, las compañías afincadas en España tendrán que irse fuera a crear fabricas para poder desarrollarse en este aspecto”, explicó Rodríguez de la Cuerda.
Un ejemplo que puso para justificar la necesidad de la cláusula fue el mercado estadounidense. La extensión de patente en Estados Unidos es de cuatro años, por los cinco que se conceden en Europa. “Podríamos optar a un mercado de 37.000 millones de dólares, solo en Estados Unidos. Es una oportunidad importante, que de no aprovecharla nos debilitará como sector”, aseguró.
Junto a esta petición, Rodríguez de la Cuerda solicitó a los grupos parlamentarios un desarrollo amplio de la llamada ‘cláusula Bolar’, es decir, un salvoconducto que permita fabricar un medicamento mientras está protegido por patente con el objetivo de poder comercializar desde el día uno posterior al vencimiento de la exclusividad. “Sin una ‘cláusula Bolar’ amplia no podemos hacer nada contra competidores externos; quiero recordar que la industria española de genéricos es fuerte, ya que siete de cada diez medicamentos genéricos que se consumen en nuestro país han sido fabricados en España y no podemos poner en riesgo esto”, aseveró Rodríguez de la Cuerda.
Ante las peticiones de Aeseg, el grupo parlamentario más sensible fue el PSOE. El diputado José Martínez Olmos aseguró que las propuestas serían estudiadas por su equipo y “podrán ser incluidas durante su debate con el resto de grupos parlamentarios”. En la otra cara de la moneda se situaron tanto el PP como CIU, quienes aseguraron que “la ley debe mirar al conjunto del sector farmacéutico y dar equilibrio”.
