Por norma general, el verano es tiempo de desconexión. Eso sí, se debe excluir de esta generalidad a los farmacéuticos, ya que están acostumbrados a recibir sorpresas durante el periodo estival que les impiden esa desconexión. Este año, la sorpresa tuvo lugar el 2 de agosto, cuando el Consejo de Ministros aprobó el nuevo anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, en el que la farmacia no sale tan mal parada como en su primera redacción. La tramitación final de esta ley será uno de los principales, pero no único, focos de atención de la profesión en el nuevo curso que arranca este septiembre y que Fernando Redondo, presidente de la patronal nacional FEFE, analiza en esta entrevista.
Pregunta. Un verano más os habéis visto obligados al ‘descanso activo’, ¿verdad?
Respuesta. Sí, como ha ocurrido en los años anteriores. Empieza a ser costumbre que todos los veranos surjan temas de gran trascendencia para la profesión que nos impiden bajar la guardia. Es ya una tradición.
P. Respecto al nuevo anteproyecto de LSP, el intenso trabajo de campo parece haber dado sus frutos al revertir los planes iniciales de Economía.
R. Ya estaba todo dicho y con informes muy contundentes. Todos hemos vuelto a hacer una gran labor para alejar el fantasma. ¡Es tan evidente que entregar las farmacias al capital privado no tiene ventaja ninguna! Ahí están los datos de los países que han liberalizado el sector. Ni hemos entendido ni entenderemos nunca esa fijación por liberalizar las boticas. Solo puede interesar a determinados sectores que quieren hincarle el diente al medicamento.
P. “La farmacia resiste a la liberalización”. Este titular no sería nuevo, pero… ¿Cree que volveremos a usarlo en el futuro?
P. Por desgracia, la historia dice que no se pueden descartar próximas batallas al respecto. Basta con recordar la época del dictamen motivado, que también fue dura y que, pese al contundente resultado, no ha servido para alejar el fantasma de la liberalización. Es absurdo tener que demostrar una y otra vez lo que ya está demostrado. La agenda de la farmacia no puede depender de los grupos de presión y nichos de poder. Menos aún que sean ellos quienes decidan cuándo se abre nuevamente un debate que ya estaba cerrado.
P. Antes de comenzar el nuevo curso, toca sacar adelante asignaturas del pasado, como la elaboración de un nuevo convenio colectivo. El 11 de septiembre es la fecha para el examen de recuperación. ¿Se superará la prueba?
R. Tras años de evidentes confrontaciones, la reunión que mantuvimos en julio con los sindicatos, en la que acordamos prorrogar la ultraactividad del XXIII convenio y derogar su artículo 4.2, a lo cual se venía oponiendo de forma tajante el bando sindical, abre una puerta a la esperanza respecto a una negociación del nuevo texto mucho más tranquila y con posibilidades de éxito.
P. Las patronales se oponen a cualquier subida salarial. ¿Quizá esa predisposición que han mostrado los sindicatos a atender vuestra petición en la prórroga del XXIII convenio no sea así respecto a un nuevo texto?
P. Creo que las negociaciones deben partir de los criterios con los que expirará el actual texto. Tema distinto sería el plazo de validez que pueda tener el nuevo convenio. Podría tener una duración distinta a la habitual para analizar posibles cambios de escenarios. Pero de aquí a comienzos de 2014, fecha en la que debemos contar con un nuevo convenio, la situación económica de las farmacias no va a mejorar en ningún caso. Eso lo tengo claro.
P. La apertura del nuevo curso coincidirá con la puesta en marcha del plan de pago a proveedores. ¿Pan de hoy para muchas boticas pero hambre para mañana?
R. Los problemas de dificultad financiera de muchas comunidades autónomas hacían necesario buscar una solución. En este sentido, el plan de pago a proveedores nunca será la solución ideal, pero sí es cierto que ayudará a minimizar los efectos que están acarreando los impagos de facturas en muchas boticas. Pero lo que no podemos aceptar es que las autonomías deudoras argumenten que el déficit presupuestario les ha pillado “por sorpresa”. Llevamos muchos años asistiendo a presupuestos irreales que no cubren las doce mensualidades. No se puede permitir que un pequeño colectivo financie a toda una comunidad autónoma. Por ello, aceptamos el plan de pago como un parche, pero nunca como solución.
P. Con la cantidad e importancia de los asuntos que ya hay sobre la mesa, no parece que otros temas como el cambio en el sistema retributivo o la ampliación de servicios puedan tener un protagonismo principal en el nuevo curso, ¿no?
R. Para FEFE son temas secundarios. La farmacia debe avanzar en su faceta asistencial, en ofertar nuevos servicios… Pero será el día a día quien marque su ritmo.
P. En definitiva, muchas asignaturas para el nuevo curso. ¿Complicado sacar todas adelante?
R. Siempre que se empieza un nuevo curso, la intención es sacarlo adelante satisfactoriamente. No conozco a ningún estudiante que en septiembre piense que le va a ir mal. Además, si por algo destacamos los farmacéuticos, es por trabajo y esfuerzo. Y son dos aspectos que dan muchas opciones de éxito.
Pregunta. El curso pasado destacó por la proliferación de normas autonómicas contrarias a ese ‘plan de estudios’ nacional llamado Sistema Nacional de Salud. ¿Espera un curso más tranquilo al respecto?
Respuesta. Efectivamente, muchas comunidades autónomas han olvidado que el Sistema Nacional de Salud es el único ‘plan’ que debe regir en toda España y al que deben acceder todos los españoles por igual. El Gobierno central debe trabajar para que se retiren medidas como el decreto valenciano, las subastas andaluzas o el euro por receta catalán y madrileño, y no dejar así a la farmacia huérfana en su defensa. En algunos de estos casos ya está actuando de forma efectiva y, por tanto, de momento no hay nada más que decir hasta que se produzcan acontecimientos.
P. Al final, la resolución de estos conflictos acaban dependiendo del mismo tutor: el Tribunal Constitucional.
R. No es malo que el Tribunal Constitucional ponga un poco de coherencia en este país. Lo que no es lógico es que algunas administraciones hagan caso omiso a lo que indique este tribunal, como ha ocurrido respecto a la concertación selectiva con las farmacias que recoge el decreto valenciano. El Constitucional ya indicó, en relación a un decreto similar publicado en Navarra, que no era posible dicha concertación y aun así han seguido adelante.
