Administración e industria tratan de buscar un punto de equilibrio entre el acceso a las innovaciones y el riesgo inherente a una evidencia clínica más limitada para que no desestabilice la balanza. El Instituto Roche ha organizado una jornada en la que se buscaban soluciones junto a decisores y economistas para no poner freno a las nuevas terapias y buscar fórmulas de evaluación que no retrasen en exceso las decisiones finales de los Estados.
El acceso a los medicamentos innovadores es un tema global que preocupa tanto en España como en el resto de los países de la Unión Europea. De hecho ha sido un tema central de la última presidencia holandesa del Congreso Europeo y lo seguirá siendo durante la presidencia eslovaca, que se inicia ahora. “La red de agencias de medicamentos de la UE, que engloba tanto a la EMA como a las agencias nacionales, tiene como uno de sus objetivos de la estrategia 2020 asegurar el acceso adecuado, y en tiempo, a medicamentos seguros y eficaces para los pacientes”, aseguró sin mayor concreción César Hernández, jefe de departamento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
La preocupación por el acceso llega hasta las comunidades autónomas, a la postre pagadoras de los nuevos medicamentos. Tanto los direcciones de Farmacia de Cataluña y País Vasco como la subdireccíon de la Comunidad de Madrid lamentan la falta de planificación y abogan por procesos a nivel europeos y con la mayor información posible.
Junto a ellos, Jorge Mestre, economista de la Office Of Health Economics, expuso durante la jornada algunas soluciones para allanar el camino de la innovación. Según este experto, un modelo a explorar serían los acuerdos de acceso/entrada controlada. “La evidencia generada a través de estos acuerdos pueden tener cierto elemento de “bien publico”, asegura sin olvidar que “cuando requieren un cierto período de recopilación de datos, este debe ser suficiente (pero no excesivo) para generar la evidencia”. Asimismo, puso de ejemplo al Reino Unido (las políticas del NICE) como faro a seguir por parte de las administraciones españolas.
