| martes, 02 de julio de 2013 h |

El presidente de la patronal de la distribución farmacéutica (Fedifar), Antonio Abril, insistió en que una posible liberalización del modelo farmacéutico, a través de la reforma de la Ley de Servicios Profesionales que elabora el Ministerio de Economía, tendría un “efecto nefasto” para que los ciudadanos puedan acceder libremente a los medicamentos en las oficinas de farmacia, independientemente de que residan en el ámbito rural o urbano. Así, y respecto a la posible desvinculación de la titularidad y la propiedad de las farmacias, reiteró que no aporta ningún beneficio a la prestación farmacéutica española, “que es modélica en todas sus facetas”.

En este sentido recordó que este modelo funciona también en otros países europeos, como Francia, Alemania, Italia, Austria, Finlandia y Dinamarca, frente al de las cadenas multinacionales que operan en Holanda y Gran Bretaña. “En los modelos inglés y holandés predominan estrictos criterios de rentabilidad económica, que se impondrían a los interés público-sanitario. Y esto se traduce en un perjuicio a los ciudadanos que viven en zonas rurales o en aquellas con escasa densidad de población”, resaltó.

Asimismo, manifestó que “los cambios que se proponen no aportan valor alguno al crecimiento económico, ni a la reducción del déficit, por lo que no generaría ningún beneficio al usuario. Reformar por reformar no parece lógico, y más cuando es algo que funciona bien y es eficiente”. Sobre este particular, puntualizó que sería “poco responsable, en una situación actual tan grave en cuanto al número de desempleados, destruir puestos de trabajo en las boticas y en el sector de la distribución farmacéutica. Y esto es más grave cuando nos encontramos en un mercado fuertemente regulado, con precios autorizados por el Ministerio de Sanidad”.

Apoyo a la botica valenciana

Por otro lado, Abril, que intervino en unas jornadas en Valencia sobre Sanidad mostró su apoyo a los farmacéuticos valencianos e insistió en que el Decreto-ley 2/2013 de Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica no solo daña a almacenes y farmacias, “sino que también perjudica al paciente que recibe peor servicio y, además, a las arcas del Estado porque sale más caro”. A este respecto, alertó de que el artículo 6 establece los procedimientos para llevar los productos sanitarios directamente al paciente, sin pasar por la distribución y la farmacia. “Esto es un riesgo puesto que se pierde la esencia del modelo más eficiente que es a través de la cadena habitual de suministro de medicamentos mayorista-farmacia”, afirmó.

Del mismo modo, acerca del artículo 9 de este decreto-ley, en el que se establece la libertad de concertación para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana, Abril manifestó que este acuerdo “lleva al liberalismo y aquí es donde falla el fondo”. Según él, para que este modelo funcione, “el producto tiene que ser igual y eso se cumple, pero el precio del medicamento no es libre, y tampoco es viable que la industria pueda poner el precio que quiera a los medicamentos”.