“El objetivo a corto plazo es la legalización completa de los servicios de Farmacia y depósitos de medicamentos de los centros penitenciarios”. Palabra de secretario general de Instituciones Penitenciarias.
Con este compromiso, Ángel Luis Ortiz clausuraba la I Jornada Nacional de Farmacia Penitenciaria celebrada el 26 de septiembre en Madrid por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Una jornada en la que —de ahí la respuesta del representante de Instituciones Penitenciarias— se había denunciado la situación de ilegalidad en la que se encuentran la mayoría de estos servicios (solo 19 de 74 tienen regularizada su actividad).
Tanto el secretario general de Instituciones Penitenciarias como los representantes de las principales formaciones políticas con representación en Congreso y Senado que participaron en esta jornada —con la ausencia del Grupo Popular— coincidieron en el diagnóstico y abordaje de este problema: las transferencias en materia de política penitenciaria y, por ende, de la sanidad penitenciaria. “La solución pasa por la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas. Como ya ocurre en el caso de Cataluña y País Vasco”, expuso Ortíz.
Por su implicación directa en el pasado en el proceso de traspaso de estas competencias a País Vasco, Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, defendió esta medida como “un caso de éxito y que mejoró la calidad de la Sanidad penitenciaria y de la Farmacia Penitenciaria”. Igualmente, aseguró la “convicción” del Ministerio de Sanidad por abordar esta cuestión con el resto de regiones. Extremadura, Comunidad Valenciana y Navarra están actualmente en negociaciones para ello.
Aunque también consideran que sería la solución para impulsar la Farmacia Penitenciaria, tanto desde Podemos como Ciudadanos se critica el “desinterés” de las Administraciones autonómicas por asumir estas competencias. “El interés es cero”, critica Francisco Igea, portavoz de Sanidad de C’s en el Congreso. Pese a ese desinterés al otro lado, María Isabel Mora, portavoz de Podemos en la Comisión de Interior del Senado, insta al nuevo Gobierno “a pringarse en esta problemática e interpelar a las CC.AA”.
