El pasado octubre el gobierno Británico anunció un recorte de 113 millones de libras (1,5 millones de euros) para el periodo de diciembre de 2016 hasta marzo de 2017. Esto supondrá que una de cada tres farmacias se encuentre en peligro de echar el cierre. No es una afirmación exagerada si se tiene en cuenta que el 90 por ciento de su financiación viene financiado directamente del Sistema Nacional de Salud (NHS), gracias a la cual las farmacias ofrecen numerosos servicios.
La Asociación Farmacéutica Nacional de Reino Unido (NPA), —que representa a las farmacias comunitarias independientes del país británico— ha calificado este movimiento como “la imposición a la farmacia”. Así, por un lado, critican que no hayan tenido en cuenta el servicio que prestan los profesionales y, además, consideran que el Departamento de Salud no ha contado con el perjuicio que generarán estos recortes sobre la población más vulnerable, así como aquellas que residen en las zonas más deprimidas.
Así sucede con los servicios financiados que prestan las oficinas de farmacia, que “por el momento, son los mismos y no han sufrido ningún recorte”, como explica a EG Leonor Nieto, farmacéutica de Boots en Plymouth, y que tiene más de diez años de experiencia profesional en Reino Unido. Según explica, los servicios financiados más habituales son la revisión del uso de la medicación (RUM), destinada a aquellos pacientes que toman más de dos fármacos o diabéticos. También el servicio de asesoramiento sobre nuevos tratamientos y medicación (NMS), por el cual supervisan que no tengan efectos adversos ni problemas con la medicación. Además de hacer un seguimiento durante unas dos semanas explica la farmacéutica. Otros servicios financiados son la vacuna de la gripe.
Hay que recordar que en Reino Unido las farmacias reciben un pago fijo por receta que se dispensa. Además, los menores de 16 años y mayores de 60 no tienen que abonar nada. La medida del Gobierno es por ahora algo abstracta, y como apunta Nieto, “parece que todavía no saben en qué van a recortar”. En la zona donde trabaja han cerrado cuatro centros de salud y “los empleados de las farmacias han notado cómo se congelan sus salarios a la espera de lo que está por venir”, añade.
La NPA explica que la distribución de las cuantías que se abonaban por los servicios farmacéuticos han pasado de ser cuatro a agruparse en una sola. Es decir, anteriormente el farmacéutico recibía el honorario profesional, el pago de la práctica, el pago por dispensación de repetición y el pago mensual del servicios de prescripción electrónica (EPS). Todas estas tarifas, están siendo sustituidas por una sola, denominada tarifa de la actividad (SAF). Si esto se lleva a la práctica, como plantea el Comité de Negociación de Servicios Farmacéuticos (PSNC) la nueva tarifa puede suponer un recorte de 1,3 euros (1,13 libras) por artículo de diciembre de 2016 a marzo de 2017, y se espera que aumente hasta 1,43 euros (1,24 libras).
Además, se está eliminando progresivamente el pago del establecimiento, comenzando con un recorte del 20 por ciento desde de diciembre de 2016 y otro 20 por ciento a partir del 1 de abril de 2017. Las previsiones son que el pago desaparezca por completo en 2019 ó 2020. Por ello, la NPA ha apelado la decisión del Gobierno a la Corte Suprema, y esperan la respuesta de esta segunda revisión judicial para mediados de febrero de este año.
