Desde que en marzo la Consejería de Salud valenciana anunció su intención de implantar en 2018 un nuevo modelo de prestación farmacéutica a residencias —denominado Resi-EQiFar y por el cual se centraliza la compra y abastecimiento de fármacos a públicas y privadas a través del servicio de Farmacia del Hospital La Fe de Valencia—, EG viene recogiendo las valoraciones de las partes afectadas. En este caso, toca conocer las explicaciones de los impulsores de la iniciativa, a través de esta entrevista a la directora general de Farmacia de Comunidad Valenciana.
Pregunta. ¿Cuál es el motivo para apostar por este nuevo modelo?
Respuesta. Hace un año se creó una Comisión entre la Consejería de Salud y la de Igualdad que tenía como objetivo mejorar la coordinación sociosanitaria. Dentro de ella se creó un grupo de trabajo de Farmacia que realizó un diagnóstico de la situación actual de esta prestación, basada en modelo mixto.
P. ¿Qué deparó el diagnóstico?
R. El 14 por ciento de plazas residenciales eran públicas, atendidas por la FH, y el otro 86 por ciento, casi 23.000 plazas, eran privadas atendidas por las farmacias. En el primero, el cien por cien de residentes reciben sus tratamientos en dosis personalizadas y la compra es asumida por los servicios de FH, con el consiguiente ahorro de costes. En cambio, en el modelo privado nos hemos encontrado una ausencia generalizada de SPD, y mayores costes para Administración y residentes por el copago, en torno a 1,4 millones de euros al año. También evidenciamos una alta concentración de la facturación de recetas en un porcentaje pequeño de farmacias. Ese modelo está generando una inequidad y nos llevó a plantear un modelo más equitativo. No tratamos de inventar la rueda, sino mejorarla.
P. Los COF conocieron “por la prensa” el proyecto, denunciando por ello “deslealtad”de la Consejería. ¿Por qué no se contó con estas corporaciones desde esa fase ‘cero’ del proyecto?
R. Al tratarse de un diagnóstico inicial, y por el mero hecho de los intereses que podían tener los grupos de interés, vimos que podía haber una cierta resistencia al cambio en la aceptación del nuevo modelo. Por ello, dentro de la legitimidad que tiene la Administración para definir las bases y los principios, decidimos trabajarlos individualmente, y luego ya inmediatamente proceder a hablar con los grupos de interés. Ahora hemos abierto con ellos un grupo de trabajo sobre el marco normativo del proyecto y otro grupo de trabajo operativo para definir el modelo asistencial.
P. ¿Entiende el malestar o las denuncias de secretismo?
R. Insisto que la Administración tiene potestad legal para decidir y trabajar de forma individual las bases y principios iniciales. Ahora, el objetivo es enriquecerlo con las aportaciones de todos. Es un modelo que evidentemente que supone un cambio importante en la forma de hacer esta prestación y que, por tanto, puede haber resistencias al cambio. El interés que tiene esta Consejería es vencer esa resistencia al cambio y demostrar a los escépticos que este modelo es viable y mejora la calidad.
P. La FH ha dado su apoyo, pero las patronales de las residencias han mostrado dudas sobre el proyecto.
R. Una vez han podido conocer a fondo el proyecto, todos los grupos de interés, a excepción de los colegios, lo ven con una actitud muy favorable y entienden que aporta mayor equidad, calidad e integración. El feedback es positivo.
P. Desde la Administración se asegura que la botica tiene cabida en este proyecto. ¿También en las dispensaciones ordinarias a los residentes?
R. A los colegios les hemos propuesto un modelo de atención farmacéutica colaborativa en función de la estratificación de estos pacientes. En función de esa estratificación, las farmacias comunitarias asumirían la actividad asistencial. Estamos esperando su respuesta.
P. El jefe de Farmacia de La Fe, José Luis Poveda, anunció en una entrevista a EG que se crearía una nave “anexa” al hospital en torno a los 3.000 m2 donde se prepararían los SPD a los 27.000 residentes. ¿Qué más se sabe?
P. Queremos una centralización por economía de escala, tanto la adquisición de fármacos como la preparación de SPD. Estamos aun estudiando cómo materializar la adquisición o alquiler de la tecnología necesaria para preparar SPD a 27.000 plazas. Estamos desarrollando el pliego de especificaciones.
P. Estiman un ahorro de 13 millones al año. En ese cálculo, ¿se incluyen los costes que puede acarrear la creación de esa instalación, el equipamiento tecnológico, el transporte, etc?
R. Sí. Incluso, hemos imputado el coste de que el farmacéutico se desplace cuatro veces al mes al centro residencial, el kilometraje o el diferencial por la compra a gran escala del medicamento.
P. ¿Se han interesado ya otras Administraciones por este proyecto?
R. Sí, hay otras CC.AA que ya se han interesado. No podemos olvidar que en su desarrollo tenemos la seguridad jurídica que ofrece el RDL 16/2012. Quizás es la resistencia al cambio por la que hasta ahora las Administraciones no habíamos dado aún estos pasos.
P. Precisamente, es el RDL 16/2012 el texto que hace dudar a los COF de la legalidad de Resi-EQiFar, dado que Resi-EQiFar no solo atañe las públicas.
R. Basta leer el decreto para saber que sí tenemos seguridad jurídica. Además, los informes de Abogacía lo corroboran.
