El desarrollo de fármacos y la fijación de sus precios deben encarar un profundo proceso de transición en la UE para hacer frente a los retos del siglo XXI. Esta es la principal conclusión de un informe del Instituto de Asistencia Sanitaria de Holanda y su homólogo belga. Estos países colaboran en un proyecto de fijación conjunta de precios, pero opinan que trabajar juntos sin modificar el marco actual no traerá soluciones a largo plazo. Los autores miraron por ello al futuro, hacia modelos que exploren vías para frenar la escalada de los precios. El resultado son cuatro posibles escenarios llamados a cambiar las relaciones entre los agentes y revisar los modelos de patentes, los incentivos y las actitudes para desarrollar un sistema de precios sensible y responsable.
Los cuatro escenarios son el resultado de un proceso de consulta desarrollado sobre entrevistas a expertos de todo el mundo. Joan Rovira, el representante español consultado, asegura que los cuatro constituyen propuestas complementarias que comparten elementos comunes – transparencia, orientación a necesidades de salud pública, precios asequibles– y difieren en aspectos organizativos y estructurales, tales como los roles respectivos de los sectores público y privado, la compatibilidad con el sistema actual o la orientación hacia áreas de investigación en las que el sistema se muestra menos efectivo.
1. Colaboración público-privada
Bajo el primer escenario, el actor público (podría ser la Unión Europea, el gobierno de un gran país, o un grupo de países en coalición) identifica las necesidades sanitarias, especifica criterios para los niveles de actuación de los fármacos que deben ser desarrollados e indica su disposición a pagar. Un compromiso contractual le vincula con el fabricante, que entra en el partenariado con un acuerdo precio-volumen negociado de antemano, lo que reduciría los riesgos asociados al proceso de desarrollo. No obstante, el producto solo obtendria acceso al mercado y sería reembolsado si satisface los criterios previstos.
Los autores destacan éste como un proceso de total transparencia que beneficiaría a la industria gracias a las negociaciones tempranas en todos los ámbitos y a los incentivos (fiscales, ayudas a la I+D) que los países quisieran dar a título individual. Este modelo no es nuevo. Existe en áreas intensivas en I+D, como defensa o la exploración espacial, y también en el sector sanitario (los consorcios creados frente a la malaria y las enfermedades tropicales).
2. Coalición pública: La vía paralela
En una segunda opción, los estados miembro de la Unión Europea podrían crear una vía paralela gracias a institutos de investigación, pagadores, autoridades y organizaciones de pacientes para el desarrollo de nuevos medicamentos sin ánimo de lucro, con independencia de la industria biofarmacéutica.
Esta vía permitiría trabajar en áreas que resultan complicadas para el sector privado (nuevos antibioticos, patologías olvidadas enfermedades raras…), generaría competencia y obligaría a apostar por esquemas innovadores de pago para compensar los esfuerzos en I+D: por ejemplo, pagar por el desarrollo de un medicamento en lugar de hacerlo por su uso. Bajo esta perspectiva, los derechos de propiedad intelectual pueden ser adquiridos y compartidos por el propio consorcio, pero tambien pueden ser de dominio público. Al ser su objetivo el desarrollo de productos a precios asequibles, la cuestión de la propiedad pasaría a ser irrelevante.
3. Pago por patentes
En este posible escenario, un consorcio de países europeos abierto también a pagadores privados ha unido sus fuerzas y establecido un Fondo Público para Medicamentos Asequibles. Sus participantes lo nutren de una cantidad anual de su gasto farmacéutico y el Fondo escanea el mercado investigador en busca de moléculas en Fase II o en Fase III cuyas indicaciones puedan dar respuesta a prioridades sanitarias. Una vez halladas, las compra y se encarga de conducir (o subcontratar) las últimas fases de la investigación.
Este modelo desvincularía las labores de investigación y desarrollo de las de producción y ventas. Dado que los fármacos llegarían al mercado a precios muy bajos, los ahorros obtenidos permitirían seguir financiando el Fondo.
4. Un bien público de la A a la Z
Con el tiempo, cualquiera de estas opciones podría derivar en el último escenario: una empresa pública orientada a las necesidades de los pacientes y en la que el sector privado seguiría teniendo un papel, aunque con un modelo de negocio totalmente diferente: se encargaría de las labores de producción y sería suministrador de servicios al sector público sobre una base competitiva. Al hablar de un bien público, no habría lugar para las patentes de fármacos.
