Las Comunidades Autónomas invirtieron en 2014 un total de 2,9 millones de euros en la aplicación de un índice corrector a la facturación de las 820 oficinas de farmacia que en dicho ejercicio se encontraban en viabilidad económica comprometida (VEC). Una cifra, los 2,9 millones de euros, que se minimiza en la comparativa con otros datos. Por ejemplo, esta cantidad aportada por las Administraciones en compensaciones a boticas VEC solo representa el 1,22 por ciento de los 241 millones de euros que ingresaron en 2014 por las deducciones del conjunto de farmacias nacionales a las que obliga el RD 5/2000.
Estos datos son recogidos en un estudio sobre el impacto de la aplicación del RDL 9/2011 en la oficina de farmacia española publicado por la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), en el cual se pone de manifiesto asimismo que lo invertido por las CCAA en este índice corrector a boticas VEC en 2014 —los citados 2,9 millones de euros— solo representan el 0,03 por ciento del gasto farmacéutico total en España en dicho ejercicio. Este ínfimo porcentaje corrobora que “el incremento del gasto producido por esta medida no parece ser un eximente ante el incumplimiento legal en tiempo y forma de esta medida (…) ni un quebranto irreparable para las cuentas públicas”, apunta el autor del estudio y presidente de esta sociedad, Javier Guerrero.
Según se recoge en el mismo, las 820 farmacias calificadas como VEC percibieron de media en 2014 en torno a los 3.584 euros (298 euros/mes), una cantidad que para Sefar “se antoja exigua e insuficiente, no contribuyendo a garantiza su viabilidad económica, corregir un balance económico desfavorable —según cálculos de esta sociedad, este tipo de boticas afrontan unos gastos fijos mensuales de 1.230 euros— o equilibrar la desigualdad existente en el modelo farmacéutico vigente.
A la vista de estos datos, y dado que las compensaciones VEC solo constituyen el 0,03 por ciento del gasto farmacéutico (o el 1,22 por ciento de lo que las CC.AA recolectan por deducciones del sector), Sefar sugiere “incrementar las cantidades mediante un mecanismo de retroalimentación de la red que bien podría nutrirse del RD 5/2000”. Es decir, instaurar nuevos mecanismos correctores o ampliar el ya existente (RDL 9/2011) “que no tienen por qué conllevar un incremento de gasto si se diseñan permitiendo una pequeña redestribución del presupuesto actual”, opina Guerrero.
