Salvo que el PP vuelva a gobernar con mayoría absoluta, el copago farmacéutico por renta está condenado. Incluso un gobierno popular con el apoyo de Ciudadanos implicaría cambios en la medida estrella en la política farmacéutica del Gobierno durante esta legislatura. Los cinco grandes partidos que concurren a las elecciones generales del 20 de diciembre solo coinciden en un punto: las exenciones a parados de larga duración, que han beneficiado hasta ahora a un millón de personas, deben mantenerse. El resto cambiará en función del color del Ejecutivo.
El debate organizado por Wecare-u, con la colaboración de Sanofi, para dar a conocer las alternativas al modelo sanitario aprobado en la legislatura permitió salir de las generalidades en las que hasta ahora se ha movido el debate en torno al Real Decreto Ley 16/2012, y conocer con mayor concreción las propuestas exactas en términos de copago. El PP lo mantendría en sus términos actuales. Insiste en que es más justo y en que gracias a él se ha mejorado el uso racional de los medicamentos y se han podido introducir en la cartera 173 innovaciones. Su secretario general de Sanidad, José Ignacio Echániz, no hizo ninguna alusión a posibles flexibilizaciones, ni siquiera en cuanto a tramos, algo que no ha pasado de ser una propuesta de la oposición durante esta legislatura.
Del resto de formaciones que acudieron al debate sólo Ciudadanos piensa que no todo lo que incluye la reforma es malo. “Vamos a revisar los copagos que hay, no incluiremos nuevos copagos”, asegura Francisco Igea, candidato al Congreso de la formación por Valladolid, que citó a los dependientes entre las cuestiones a revisar.
La oposición al 16/2012 es frontal en los partidos de izquierdas. El PSOE no acepta copagos en materia sanitaria, y José Martínez Olmos, candidato socialista al Senado, resalta que la reforma “establece los envases para futuros copagos”. En cuanto al copago en farmacia, el PSOE insiste en derogar el copago a los pensionistas y apuesta por revisar los topes “para el resto de la población”. Javier Padilla, miembro del equipo del área estatal de Sanidad de Podemos, indicó que la formación que lidera Pablo Iglesias sólo salvaría del decreto-ley la propuesta relativa a los parados de larga duración. También lo haría Izquierda Unida, si bien su secretario de Salud en Madrid, José Andrés Llamas, también critica que el modelo no contemple topes para activos. “Cuando hablamos de cronicidad, esto también es un problema”, añade.
Buena parte de las críticas al nuevo modelo insisten en que carece de una evaluación de impacto. A la hora de hablar, ya no de copago, sino de todo lo que tiene relación con la política farmacéutica, la transparencia se hace fuerte en los discursos, sobre todo los de PSOE, IU, Ciudadanos y Podemos, que centran sus críticas en la gestión de la hepatitis C. Podría ser que la próxima legislatura sea, realmente, la que haga realidad el mantra político de incorporar novedades a la cartera de servicios con criterios de financiación selectiva y mayor transparencia y rendición de cuentas.
No está tan claro en qué fórmula residirá el futuro del mecanismo del control del gasto en fármacos. En pocos ámbitos las fuerzas están tan equilibradas como en éste. Frente a la posible continuidad del modelo copago farmacéutico por renta (salvo algún cambio impulsado por Ciudadanos) se sitúa la opción de las subastas planteada por Martínez Olmos, que tiene opciones de sumar el apoyo de IU y Podemos, como así ha ocurrido hasta ahora en Andalucía. De salir adelante, en todo caso, una propuesta nacional no sería en los términos andaluces. “En Andalucía no hemos votado en contra, pero sí a favor de una subasta enmendada”, recuerda Padilla.
Pacto: sí, pero no
Siendo el gasto farmacéutico casi el 20 por ciento del gasto sanitario, no es de extrañar que la radical concepción que existe entre las cinco fuerzas dificulte las posibilidades de llegar a acuerdos. Si a ello se suman otras líneas rojas en las que nadie está dispuesto a ceder (universalización de la asistencia, colaboración público-privada), el debate de Wecare-u dejó claro que, a falta de nuevas propuestas que reúnan a todas las partes, todos los partidos lo quieren pero no habrá pacto sanitario de Estado en los próximos cuatro años, por mucho que algunos, como el PSOE, lo incluya en su programa electoral.
Quizá haya acuerdos en asuntos específicos, pero ninguno de ellos abordará aspectos de financiación, una materia en la que las posturas están igual de polarizadas. La defensa que realiza Echániz del Fondo de Garantía Asistencia (FOGA) no convence, no tanto por la concepción del mecanismo sino por haberse puesto en marcha en un momento poco oportuno. “El FOGA sería bueno si hubiera un buen sistema de financiación”, asegura Martínez Olmos. Para el PSOE, al igual que para Podemos e IU, resulta fundamental recuperar el Fondo de Cohesión Sanitaria, sobre todo para asegurar el tránsito de pacientes a los centros de referencia nacionales y acabar con la falta de equidad en el acceso a las prestaciones. Ciudadanos también hace referencia a un “fondo finalista” que impida diferencias, una línea que también quiere seguir para la financiación sanitaria en general.
Frente a esta solicitud, el resto de partidos siguen confiando en sus recetas para asegurar la financiación: creación de empleo (PP); una fiscalidad progresiva (PSOE, IU y Podemos) y cambios constitucionales que reconozcan el derecho a la salud como fundamental (PSOE) o que impliquen “que el pago del bienestar social esté por encima de cualquier otro pago” (IU).
La amplia popularidad en Twitter de José Martínez Olmos, Gaspar Llamazares, el PSOE, Ciudadanos y Podemos, entre otros, permitió que el pasado 10 de diciembre el hashtag #Sanidad20D fuera trending topic a nivel nacional y que el debate organizado por Wecare-u batiera récords en cifras. Son éstas:
El debate llegó a 1.143.421 cuentas.
Generó 8.469.572 impresiones.
Reunió activamente a 309 tuiteros .
Acumuló un total de 964 tweets .