Transparencia, transparencia y más transparencia. La palabra mágica que se utiliza como sinónimo de mejor gestión es la bandera que enarbolan los grupos políticos para mejorar el sistema de acceso a la innovación y la fijación de precios. Desde el Partido Popular a UPyD, los representantes de las formaciones que concurren a las elecciones del 20 de diciembre proponen, junto a otras medidas, dotar de mayor visibilidad las negociaciones con la industria farmacéutica para comercializar un fármaco, así como facilitar los datos utilizados en cada uno de los ensayos clínicos que acompañan al medicamento. “El debate sobre el mejor acceso a fármacos tiene que ver con la equidad, la sostenibilidad y la transparencia en todos los ámbitos: industria y administración”, aseguró el secretario de Sanidad popular, José Ignacio Echániz, durante el debate a seis que organizó la campaña ‘No es Sano’ en la sede de la Organización Médica Colegial.
La claridad a la que el ex consejero de Salud en Castilla- La Mancha apuntó en el ámbito de la industria hacía referencia tanto a los ensayos clínicos como al valor real de desarrollo de un fármaco. José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad por el PSOE, señaló que las farmacéuticas “deben tomar conciencia de que los precios no pueden ser un problema para el acceso a nuevas terapias”, algo que, propuso, podría solventarse con políticas a nivel europeo. En cualquier caso, a nivel nacional, para liberar recursos económicos que poder destinar a las innovaciones, Martínez Olmos propuso aumentar los ahorros que permiten los medicamentos que no están protegidos por patente y genéricos. “Las compras centralizadas, las subastas y los precios de referencia pueden dar más de sí”, afirmó.
Las palabras del representante socialista fueron matizadas por el coordinador de Sanidad de Podemos, Javier Padilla, quien propuso una batería de propuestas que tienen más que ver con el uso racional y financiación selectiva que con medidas que afecten a los precios. “Se trata de promocionar el genérico, que existan estrategias de financiación en I+D y que éstas sean públicas así como incluir en la prestación solo aquello que aporte valor añadido”, explicó.
El cabeza de lista de Ciudadanos por Valladolid, Francisco Igea, también defendió la transparencia como principio básico para alcanzar el objetivo de mejorar el acceso y propuso, además, una medida adicional: formación para los profesionales sanitarios con cargo público. “Los médicos y los reguladores deben estar fuera de las manos de la industria”, espetó. Asimismo, aseguró que los ensayos clínicos no deben ser realizados sólo por la industria y “que no valgan únicamente dos”.
Propiedad intelectual
Otro de los temas que se pusieron sobre la mesa durante el debate sanitario fue las protecciones por patentes. Podemos aseguró que si no se reforma el sistema actual “todas las iniciativas que se propongan no servirán para mejorar el acceso o hacer una fijación adecuada de precios”. A nivel nacional, Padilla explicó que quiere desarrollar una estrategia de “precios justos para los fármacos que reciben incentivos públicos”, mientras que a nivel supranacional planteó la posibilidad de las licencias obligatorias “si fuese necesario”. Asimismo, lanzó un nuevo modelo de financiación que entraría en vigor en caso de que alcanzasen el gobierno. “Desligaremos la investigación, permitiendo beneficios por el coste real de producción y el grado de innovación, para después conseguir un precio más bajo a la hora de comercializarlo”, aseguró.
Junto a este modelo, otras fuerzas políticas como Ciudadanos o PSOE no entraron a valorar el actual sistema de patentes pero sí defendieron el pago por resultado como modelo ideal de financiación. “Necesitamos una financiación selectiva con evidencia científica. Debe ser un planteamiento dinámico de tal forma que se corroboren los datos de los ensayos clínicos con la práctica clínica”, explicó Martínez Olmos. Asimismo, Igea profundizó en este planteamiento proponiendo que “si la evidencia clínica demuestra que el medicamento no aporta nada respecto a lo que existe, se desfinancie”. Por último, Echániz llamó a no demonizar la propiedad intelectual y buscar el equilibrio entre “el beneficio del laboratorio y la sostenibilidad del sistema sanitario”.
