Los profesionales del sector farmecéutico, sanitario y de la dependencia de Cataluña se han unido para denunciar el impacto de los impagos y reclamar de las administraciones una misma respuesta unánime ante este problema. Sus exigencias pasan por un compromiso político en torno a cuatro puntos: un nuevo sistema de financiación, la liberación de un pago inmediato a cuenta de la deuda acumulada; el cumplimiento de los plazos de pago establecidos por la ley y unos presupuestos “reales”.
El Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña (CCFC); la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña y Fedifar, la Federación Española de Distribuciones de Farmacéuticos, junto a otras cuatro instituciones (la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, la Asociación Catalana de Entidades de Salud, la Federación Española de Técnicos Ortopédicos y la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias) han coincidido en afirmar que la coyuntura política y la falta de corresponsabilidad entre las Administraciones están llevando al sector socio-sanitario y farmacéutico catalán a una situación “insostenible”, que no puede seguir manteniéndose en términos de excepcionalidad. “Es un hecho básico que ahora mismo está en riesgo y en manos de la capacidad de unos profesionales para conseguir crédito. Es decir, la responsabilidad de las Administraciones se está pasando a los profesionales y entidades para que consigan crédito”, denunció Jordi de Dalmases, presidente del CCFC.
Un problema crónico
Los impagos se han mantenido y agravado con el tiempo, lo que demuestra que lejos de ser algo coyuntural se trata de un problema estructural que se repite desde hace cuatro años y que se puede prever, según el sector, desde el momento en que se aprueban los presupuestos. No obstante, lejos de adecuarse a la realidad, el gasto público en medicamentos en Cataluña se ha reducido un 27 por ciento en los últimos cinco años, una cifra que implica que las oficinas de farmacia han sufrido casi 1 de cada 2 euros del recorte del gasto en salud de la Generalitat.
Hoy, la deuda acumulada con las farmacias catalanas es de 330 millones de euros, correspondientes a los medicamentos dispensados en los meses de julio, agosto y septiembre. Agotado el recorrido de pedir ayuda a sus proveedores, las farmacias están empezando a tener problemas para responder económicamente ante la cronididad de esta situación. “Mientras cumplimos con nuestra obligación moral nos estamos arruinando”, señaló Antoni Torres, presidente de FEFAC, quien pidió un “ataque de responsabilidad” para que las administraciones sanitarias se conciencien de la necesidad de corregir la situación de inmediato.
Fedifar también insistió en encontrar una solución urgente y definitiva para asegurar que se ponen los medios necesarios para evitar que se vuelva a producir una situación similar en el futuro. Su vicepresidente, Vicenç Calduh, destacó la necesidad de trasladar a la sociedad la responsabilidad de las adminsitraciones sanitarias a la hora de garantizar esa solución para mantener la cadena de valores sanitarios.
El llamamiento a la responsabilidad política se produce mientras el sector espera la llegada del FLA extraordinario. “No hemos dejado ni un ciudadano sin medicamento. Nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones. Ahora pedimos a las administraciones (a todas) que busquen y encuentren una solución”, dijo De Dalmases.
