En pleno debate de investidura y tras una declaración de independencia, el consejero de Sanidad en funciones analiza para EG la actualidad farmacéutica y cómo pueden afectar los distintos escenarios a su devenir.
Pregunta. Tras las elecciones, y pendientes de la formación de gobierno, no ha habido presupuestos por lo que se prorrogarán, en principio, los de 2015. Uno de los mayores defectos de los actuales presupuestos se evidencia en el pago a las farmacias. ¿Qué solución tienen para este problema?
Respuesta. El problema del pago a las farmacias no es presupuestario sino de tesorería. El dinero no ha llegado aún a la comunidad autónoma de Cataluña y por eso no hemos podido pagar. Que esté en el presupuesto no quiere decir que se pueda pagar, tenemos que esperar al flujo dinerario, en nuestro caso al Fondo de Liquidez Autonómico, porque no podemos ir a los mercados a financiarnos.
P. ¿Continuarán los problemas el próximo año?
R. Aunque técnicamente estamos en prórroga presupuestaria no podemos decir que el año que viene vaya a haber más dinero, sea cual sea el gobierno que se forme. El crecimiento económico todavía no es traducible a un aumento del presupuesto a no ser que a la hora de repartir el dinero entre las comunidades autónomas el gobierno que se forme tras el 20 de diciembre estime aumentar la dotación al estar los servicios públicos principales están transferidos. Hay un debate de fondo que es cómo se financia la sanidad.
P. ¿La Generalitat va a aceptar la obligación de pagar los intereses de demora o va a recurrir las sentencias que obligan a ello?
R. Eso lo tendrá que estudiar la consejería de Economía, no soy yo, pero creo que habrá que aplicar cierta racionalidad y solucionar este problema. Al final pagan los farmacéuticos unos intereses que les debemos nosotros pero que a la vez se nos deben. Es un sistema perverso porque no eres el que recauda y liquidas. Mientras que sea así será ineficiente porque hacemos una cadena en la que todos pagamos intereses. No hablo de fiscalidad, eso después se verá, si no del crecimiento del gasto sanitario, que debería estar ligado al Producto Interior Bruto.
P. En caso de formar gobierno y avanzar pasos hacia la independencia, ¿en qué afectaría a la sanidad catalana?
R. Es bien conocido que la sanidad publica catalana es un modelo propio de gestión. Todo se gestiona a través de empresas públicas. Si fuera un modelo de gestión directa no lo sé pero un modelo de gestión indirecta no genera ningún problema.
P. En la resolución por la independencia aprobada se hace referencia a la asistencia sanitaria universal y el rechazo al 16/2012. ¿Cuál serán los puntos fuertes de la nueva ley que se promulgue?
R. Como competencia podemos hacer más servicios de los que haya en cartera siempre y cuando lo paguemos nosotros. Partiendo de aquí, decidimos por razones sanitarias y de convicción a dar tarjeta sanitaria a todas las personas empadronadas en Cataluña. Llevamos al Constitucional el Real Decreto porque creemos que vulnera derechos básicos. Se trata de una vuelta hacia atrás. Por otro lado, si avanzamos hacia el autogobierno, tendríamos que crear nuestra Agencia del Medicamento y esto significa muchas cosas, aunque tengo que decir que esto se podría haber arreglado con el sistema autonómico.
P. Los medicamentos de hepatitis C provocan tensión en la tesorería. La semana pasada el consejero vasco dijo que solo Euskadi está pagando los fármacos. ¿Qué está haciendo Cataluña?
R. Estamos pagando los medicamentos y fuimos pioneros, mediante el uso compasivo, en atender a los pacientes. Se me trató de trasladar el problema nacional y duró quince minutos porque las asociaciones de pacientes constataron que no tenían ningún problema. ¿Esto quiere decir que incurriremos en déficit? Pues claro. Si va creciendo el gasto sanitario de forma vegetativa por la innovación no puede ser que además de comerte la crisis económica te tengas que comer este crecimiento.
P. ¿A día de hoy no se espera el fondo de Hacienda?
R. Donde dije digo, digo Diego. Ni tenemos Fondo de Liquidación Autonómica ni tenemos el fondo prometido. No está en los órdenes del día del Consejo de Política Fiscal y además nos contabilizará como déficit, que es lo más grave.
