La marcha atrás parece regir la política sanitaria en los últimos tiempos, aunque esta es, en muchos casos, para bien de la profesión farmacéutica. Tras ejemplos como la retirada del copago hospitalario, la semana pasada el Ministerio de Sanidad volvió a hacer gala del “donde dije digo, digo Diego” ante el revuelo causado por la posible congelación de plazas FIR. Ahora, la polémica suscitada ha hecho desistir al Servicio Gallego de Salud (Sergas) de su intención de dispensar directamente desde centros de salud ciertos medicamentos inyectables para tratar el cáncer de próstata. Tras esta marcha atrás, seguirán siendo retirados en las farmacias.
Esta confirmación, a pesar de que estaba desarrollándose una primera experiencia en las gerencias sanitarias de la provincia de Orense, fue transmitida el 11 de junio a los colegios farmacéuticos por parte del director general de Asistencia Sanitaria, Ramón Ares. Aunque no han trascendido las razones oficiales de este cambio de postura, fuentes consultadas por EG apuntan que podría deberse a la dudosa legalidad de la medida. Y es que, cabe recordar que los medicamentos oncológicos incluidos en este programa (como pueden ser Zoladex, Decapeptyl y Procrin, en sus diferentes presentaciones) no tenían la catalogación de Diagnóstico Hospitalario, como así reconoció el propio Ares en una entrevista concedida a EG. Por lo tanto, su dispensación recae legalmente y en exclusiva en el canal de oficina de farmacia.
Pérdidas… O ahorros
Aunque desde el Sergas se justificaba esta decisión en la “mayor accesibilidad, seguridad y control” que tendrían estos medicamentos, no cabe duda que su dispensación en centros de salud regional no iba a tener solo consecuencias sanitarias. A este respecto, fuese un fin perseguido o no, es evidente que también habría razones económicas de por medio. En concreto, la pérdida de cerca de un millón de euros anuales a la red de farmacias gallegas, que se convertiría en ‘ahorro’ desde la perspectiva de la administración regional. Esta cifra correspondería al margen fijo asociado a la dispensación de estos fármacos.
Según datos facilitados a EG por IMS Health, las boticas gallegas dispensaron en 2014 un total de 12.668 envases de Decapeptyl, 3.953 de Procrin y 3.036 de Zoladex, que conllevan un margen fijo para la botica de 38,37 euros ó 43,37 euros, según si sus distintas presentaciones cuentan con PVL entre 91,63 y 200 euros, o entre 200 y 500 euros. En total, cerca de 862.000 euros anuales por las más de 19.000 dispensaciones que, tomando como referencia las estadísticas de 2014, efectúan al año las oficinas de farmacia gallegas de estos productos.
Aunque, al igual que el Sergas, los colegios farmacéuticos gallegos han venido centrando sus reivindicaciones en lo estrictamente sanitario (denunciando, en su caso, la merma que suponía en el acceso a estos tratamientos y la correcta atención farmacéutica) también avisaron que implicaría “un serio riesgo para la viabilidad de las farmacias, en especial del ámbito rural, muchas de las cuales estarían abocadas a la desaparición”, criticó el presidente del COF de Orense, Vicente Jairo Álvarez.
