El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en su edición de 1 de abril, publicaba la orden que regula la aplicación de un índice corrector a la facturación de las farmacias en situación de viabilidad económica comprometida (VEC). Una orden con la que se da respuesta a la obligación de establecer estas compensaciones económicas a farmacias VEC que presenten unas ventas anuales al Sistema Nacional de Salud (SNS) inferiores a 200.000 euros.
La aplicación de un índice corrector a la baja facturación de estos establecimientos es de obligado cumplimiento para las comunidades desde el 1 de enero de 2012, según lo estipulado en el Real Decreto-ley 9/2011 (cuyos criterios para beneficiarse de estas compensaciones amplió posteriormente el RDL 16/2012). Pero no es Andalucía la única región que ha desarrollado con retraso esta cuestión. De hecho, solo Castilla-La Mancha lo hizo en “tiempo y forma”, y algunas otras, como Murcia y Asturias, siguen aún sin hacerlo. Mientras, el resto de autonomías solventaron el retraso acumulado reconociendo en las respectivas normativas publicadas el carácter retroactivo de las compensaciones para 2012, 2013 y 2014. Una retroactividad que, por contra, Andalucía ha obviado, limitando la recepción de estas ‘ayudas’ a partir del 1 de enero de 2015.
La decisión adoptada por esta comunidad de obviar dicha retroactividad no es, ni mucho menos, definitiva, puesto que aún debe pasar varios filtros. En primera instancia el del Ministerio de Sanidad y, posteriormente, el del Ministerio de Hacienda, que será el que tenga la última palabra. Según corroboraron a EG fuentes del ministerio que dirige Alfonso Alonso, están a la espera de que la subdirección general de Calidad remita, como es habitual, “las normas autonómicas como esta para elaborar un informe y, si hay observaciones en relación con la normativa estatal o de competencias, se transmitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para las actuaciones que procedan”.
Cabe recordar que lo estipulado en un real decreto-ley es de obligado cumplimiento (en este caso, un cumplimiento que recae en las autonomías, encargadas de desarrollarlo a nivel regional) y que, hasta la fecha, el Gobierno central ha hecho la ‘vista gorda’ respecto a los retrasos en las publicaciones de las normas autonómicas. Ahora bien, esta postura parecía justificada porque las administraciones regionales reconocían la retroactividad en la corrección de la facturación de sus boticas VEC. Andalucía ha roto en este aspecto la baraja.
Recursos individuales
De forma paralela e independiente a las posibles actuaciones administrativas o judiciales que lleve a cabo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el colectivo de farmacéuticos rurales andaluces ha arrancado la maquinaria para reclamar las cantidades que, por la citada retroactividad, les adeudaría el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Estas reclamaciones deberán canalizarse mediante la presentación de recursos individuales de cada farmacéutico titular de una botica VEC, para lo cual cuentan con el respaldo de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) y del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof). En concreto, según ha podido saber EG, los servicios jurídicos de cada colegio provincial se están encargando de calcular las cantidades que deberían recibir cada botica VEC respecto a 2012,2013 y 2014, así como la elaboración de un “modelo tipo” de reclamación para los afectados y la fijación de diversas fechas para que los titulares acudan a la sede colegial a la firma del recurso.
Sobre este particular, Javier Guerrero, presidente de Sefar y farmacéutico titular de una botica VEC en El Madroño (Sevilla), señala que “ya en el plazo de alegaciones de la norma expresamos la necesidad de que se recogiera el carácter retroactivo, como han hecho todas las comunidades autónomas”. Por ello, indica que “los recursos por las cantidades anteriores al 1 de enero de 2015 los teníamos claros desde hace meses, aunque albergábamos esperanzas de que el texto final reconociera la retroactividad”.
En este sentido, la sensación que deja la publicación de esta orden andaluza en esta sociedad científica es de “alegría a medias”. ¿El motivo? Aunque no se reconozca la retroactividad y ello obligue a iniciar el proceso de reclamaciones, están “contentos de que se haya puesto en marcha este mecanismo que a todos nos interesa que esté funcionando”, opina Guerrero. Precisamente, la presentación de dichos recursos particulares no ‘paraliza’ la aplicación de la orden y, en concreto, la recepción de las compensaciones económicas a partir de enero de 2015, como recoge el texto.
Todas aquellas farmacias andaluzas, independientemente de su ubicación, que no superen los 200.000 euros anuales de ventas al SNS disponen de plazo hasta el 30 de abril para la presentación de solicitudes para que se le aplique un índice corrector a su baja facturación. Una vez se resuelvan las solicitudes, las farmacias recibirían lo correspondiente por estos primeros meses de 2015, hasta que no se confirme, o no, la retroactividad de la medida.
¿Provoca la receta electrónica una pérdida de pacientes en las farmacias rurales en beneficio de los establecimientos ubicados en zonas urbanas con mayor concentración de otros servicios? La respuesta a esta pregunta genera un ‘choque’ de pareceres en Navarra entre el colegio farmacéutico y el colectivo de boticarios rurales. El origen de la polémica estriba en la denuncia (ver EG núm. 687) de la Asociación Profesionales de Farmacéuticos Rurales regional (Apfrn) sobre que este tipo de boticas han visto reducidas entre un 10 y un 25 por ciento sus dispensaciones desde la implantación de la e-receta en la comunidad foral.
Una estimación que, destacaban, se basaba en los datos ofrecidos por la propia consejería de Salud y que tendría por causa que ahora, los pacientes “aprovecharían” su visita a zonas urbanas para acceder a otro tipo de servicios para recoger también sus recetas en alguna de las farmacias de estas zonas que concentran diversos servicios (por ejemplo, centros comerciales). Posteriormente, en una entrevista concedida a EG tras su nombramiento, la nueva presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Navarra, Marta Galipienzo, aseguraba que no tenían esa apreciación en el colegio, a pesar de recordar que, personalmente, también ejercía en una localidad rural (Cascante).
Como réplica a las palabras de Galipienzo en la entrevista concedida a EG, el presidente de la Apfrn, Arturo Aznárez, ha remitido una carta abierta a esta publicación en la que indica la “estupefacción y perplejidad que invaden al colectivo de farmacéuticos rurales navarros”. En concreto, desde esta asociación rural se indica que “o nuestra recientemente proclamada presidenta quizás no haya tenido tiempo de informarse sobre la situación actual de la farmacia rural navarra y por lo tanto su apreciación no deja de ser eso, su apreciación, o es que tal vez no vivamos en la misma comunidad autónoma”.
Desde la asociación que preside Aznárez, consideran necesario “exigir seriedad a nuestra presidenta respecto a unos datos que emite nuestra administración (y que por tanto no admiten apreciación alguna), porque lo contrario sería banalizar una situación dura y de desasosiego existente en una buena parte del farmacia navarra que sentimos sobre todo muchos farmacéuticos rurales y que evidentemente, después de todos estos años de andadura, sí consideramos influida en un tanto por ciento muy elevado por nuestro particular modelo de farmacia”.
